Ayer, durante su comparecencia en San Lázaro -en el marco de la Glosa del V Informe de Gobierno del presidente Vicente Fox- el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, únicamente reiteró que, en el caso Provida, la dependencia a su cargo «ha interpuesto el recurso a través de la Procuraduría General de la República, que es la facultada para establecer estas demandas».
Así, este asunto de corrupción sigue en impasse a un año de que el grupo parlamentario del PRD presentara una denuncia penal por peculado en contra del representante legal de esta organización, Jorge Serrano Limón, y a casi tres desde que se desató el llamado Providagate.
En efecto, en ese entonces el ex diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Luis Pazos de la Torre orquestó el desvío de 30 millones de pesos al Comité Nacional Provida al recortar, de manera unilateral e ilegal, el presupuesto federal aprobado para atender programas contra el VIH/Sida en el país. Hasta el momento, ninguno de las o los responsables (entre ex legisladores, funcionarios y dirigentes de Provida) ha sido castigado.
A este compás de espera se suman también los cinco meses desde que el pasado mes de abril la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, un punto de acuerdo en que solicitaba al entonces procurador general de la República, Rafael Macedo, instruir a los agentes del Ministerio Público para dar mayor celeridad a la integración de la averiguación previa en contra de Serrano Limón.
En esa fecha, el funcionario fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública con una multa de más de 13 millones de pesos e inhabilitado por quince años, luego de que seis organizaciones feministas -SIPAM; GIRE, Fundar, Letra S, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, además de Equidad y Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia- hicieron una auditoría ciudadana mediante la cual documentaron que Provida lucró con recursos del erario.
Durante la comparecencia de Frenk, la diputada perredista Martha Lucía Micher solicitó al secretario un informe sobre el curso que sigue la sanción a Provida para que regrese los 30 millones que le fueron otorgados de manera ilegal y que fueron desviados de su función original.
«Nos preocupa -abundó Micher- haber recibido la información de que, pese a haber sido sancionada esta organización que opera a nivel nacional, en Tuxtla Gutiérrez se otorga al Centro de Ayuda de la Mujer, que depende también de Provida, un apoyo de 7 mil pesos; anteriormente, la presidenta municipal otorgaba 8 mil pesos mensuales a esta asociación».
«La sanción a Provida, ¿es a toda la organización, o se puede seguir otorgando presupuesto público para compra de tangas, seguramente, a la organización a nivel estatal?», remarcó la legisladora.
El secretario se concretó a decir que «(el recurso) está ya dentro del sistema judicial en manos de los tribunales y estamos nosotros atentos al proceso que siga, de acuerdo a derecho dentro de nuestro sistema judicial»
Antes, durante la entrega del reconocimiento Mujer al Máximo 2005 a seis destacadas comunicadoras por su labor en favor de la salud de las mujeres, realizada ayer, Frenk respondió a pregunta expresa que sólo abordaría el tema de Pro Vida si era cuestionado durante su comparecencia
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