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Se dicen “sorprendidos”, pero avalan Comisión conservadora

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Aun cuando todos los partidos políticos avalaron la creación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano en el Senado, un grupo de legisladores se pronunció contra el enfoque conservador de la instancia y propuso que en vez de rechazar el aborto legal y las uniones entre personas del mismo sexo, trabaje a favor de todos los tipos de familia.
 
Tras las críticas a esa comisión, que se constituyó el pasado 12 de junio para “cerrar las puertas” a los intentos de promover el aborto y los matrimonios entre parejas del mismo sexo, las y los legisladores manifestaron su sorpresa por los objetivos y principios que guían al mecanismo senatorial.
 
Los coordinadores parlamentarios de PRI y PRD, Emilio Gamboa Patrón y Luis Miguel Barbosa, respectivamente, y otros legisladores señalaron que la posición del senador panista José María Martínez –quien promovió y actualmente preside la comisión– no representa la postura del Senado de la República.
 
Sin embargo, fueron estos mismos senadores, junto con el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett, e integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, quienes el pasado 25 de febrero firmaron el acuerdo de creación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano que, según su misión –que se puede consultar en la página del Senado–, “trabajará a favor de defender y hacer efectivos los Derechos Humanos de los integrantes de las familias”.
 
A las condenas se sumó la senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien señaló en entrevista que cuando se aprobó el punto de acuerdo para crear la instancia nadie tenía presente que podría ser usada para cometer actos discriminatorios y buscar desaparecer a “las familias incómodas”, es decir las del mismo sexo.
 
La senadora enfatizó que como representante del Poder Legislativo un senador no puede tergiversar el sentido que tienen las comisiones legislativas y parlamentarias.
 
“No puede de ninguna manera traer su pensamiento religioso al trabajo legislativo porque la Constitución establece claramente una separación del Estado y de la religión”, explicó.
 
Cabe destacar que en el acuerdo de creación, y la misión y visión de la instancia (todo publicado en el sitio web del Senado), no se detallan las políticas públicas que promoverán y sólo hacen referencia al “fortalecimiento de las familias mexicanas”.
 
De la Peña advirtió que no puede crearse ninguna comisión legislativa ni especial que contravenga el artículo primero constitucional (referente a los Derechos Humanos), y sin embargo esta comisión –enfatizó la senadora– viola esta disposición, según se desprende de las declaraciones “discriminatorias y peyorativas” que hizo su presidente, José María Martínez.
 
La perredista recordó que la familia nuclear, heterosexual, constituida por papá y mamá hace muchos años dejó de funcionar como única forma de organización familiar.
 
Agregó que las familias tienen una gran diversidad en su conformación en función de los espacios sociales donde se constituyen, por lo que no se puede imponer un tipo de familia.
 
Si bien los coordinadores del PRI y PRD se dijeron sorprendidos e incluso el senador panista Roberto Gil Zuarth declaró a un medio que imponer preferencias no es tema político, este nuevo órgano legislativo cuenta con legisladores de todas las fuerzas parlamentarias.
 
Participan José María Martínez (PAN); Lisbeth Hernández Lecona (PRI); Adolfo Romero Lainas (PRD); Ninfa Salinas Sada (PVEM), y Martha Palafox Gutiérrez (PT).
 
Por otra parte, en la Comisión Permanente los diputados perredistas Alfa Eliana González Magallanes, Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán y Alliete Bautista presentaron un punto de acuerdo, para exhortar a esa comisión a respetar los Derechos Humanos y las libertades de las y los mexicanos.

De acuerdo con el documento, no se deben trasgredir los derechos de las mujeres que deciden sobre su cuerpo, ni desestimar que hay 5.7 millones de familias a cargo de mujeres y miles de familias de padres solteros o divorciados, ya que los servidores públicos no pueden intervenir en la vida íntima de las y los integrantes de una familia.
 
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