Para fortalecer los centros comunitarios y sus redes, y para impulsar la educación comunitaria como una alternativa de desarrollo para la población en situación de rezago, se fundó ayer el Movimiento de Redes por la Educación Comunitaria, integrado por la Coordinadora Popular de Madres Educadoras (Copome), la Red Conecuitlani, la Red de Estancias Infantiles Tierra Firme, la Red Iztapalapa y la Red Acampicht.
Estas redes están conformadas por alrededor de 100 centros comunitarios, que atienden aproximadamente a 13 mil niñas y niños de entre 1 y 6 años, que viven en las zonas de rezago en la Ciudad de México.
El trabajo de estos centros comunitarios inició hace 30 años, vinculados estrechamente con los movimientos sociales, ante la necesidad social de las madres trabajadoras, que no tenían acceso a la seguridad social y no tenían dónde dejar a sus hijas e hijos.
David Trujillo, integrante del Desarrollo Comunitario de las Redes de Tlalpan, explicó que los centros comunitarios se mantienen de las cuotas que pagan las madres y padres de familia, que van de 400 a 800 pesos mensuales, y el resto de los recursos son auto gestionados por los centros a través de proyectos del Gobierno de la Ciudad.
Dijo además, que están constituidos como asociaciones civiles no lucrativas, que buscan el desarrollo no sólo de las niñas y niños, sino también de las comunidades.
SEGURIDAD Y CAPACITACIÓN
La atención que se brinda en los centros es integral y cumple con el programa de educación preescolar, informó Leticia Chávez de la Copome. Sin embargo, dice, la educación comunitaria no está contemplada dentro de la Ley General de Educación, que sólo incluye la educación pública y la privada.
Es por esto que varios de estos centros se encuentran adscritos al Acuerdo 358, que permite la certificación de educación preescolar a los niños por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y que surgió en el 2005 a partir de que se estableció la obligatoriedad de la educación preescolar.
Las condiciones para el establecimiento del Acuerdo 358 fueron: la profesionalización del personal, garantizar la seguridad de las instalaciones de los centros comunitarios, y cubrir el Programa de Educación Preescolar (PEP).
Para cumplir con estas condiciones les fue otorgado un plazo de 4 años, que termina este año, por lo que el futuro de los Centros comunitarios es incierto. Chávez afirma que gran parte de los centros han cumplido con estas condiciones, sin embargo, el hecho de que los recursos sean tan limitados hace que el cumplimiento de éstos sea un reto enorme.
En cuanto a la profesionalización, dijo que las educadoras comunitarias, o las madres educadoras, cubren 300 horas de capacitación al años, teniendo que sacrificar a veces sus vacaciones o fines de semana, además, el número de educadoras con licenciatura se ha incrementado considerablemente.
Mencionó también que tienen aportaciones muy valiosas en cuanto a aspectos metodológicos, con el uso del método Nezahualpilli y el de Educación Integral Popular, ambos basados en el constructivismo y la educación popular.
En cuanto a la seguridad de estos centros, Chavez afirmó que la seguridad de las y los niños no se puede poner en juego, por lo cual, si alguno de los centros no garantiza la seguridad de las y los niños, es seguro que dejan de funcionar, para evitar accidentes como el ocurrido en días pasados en Sonora con una guardería subrogada a la iniciativa privada.
09/AG/GG
