El peligro de ejercer el periodismo en México ya no sólo se debe a la violencia que se ejerce contra las y los comunicadores, ahora también se suma la indefensión en la que quedan las familias de las y los agredidos.
Durante la presentación del informe «Gobierno y narco; la lucha por imponer la agenda periodística», elaborado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), especialistas en libertad de expresión enfatizaron que desde años recientes las y los periodistas son objeto de amenazas, agresiones y desapariciones forzadas.
A ello, dijeron, se suman la pasividad y demora en la atención de sus denuncias y cuando ocurre algún asesinato la impunidad y la falta de sanciones claras es un hecho más de falta de garantías.
Por ello garantizar el ejercicio periodístico debería ser una preocupación para la sociedad, los medios y las autoridades, pues la mayoría de los casos no sólo se dan a manos del narcotráfico y la delincuencia organizada, también son perpetrados por el Estado: policías, procuradurías, militares y funcionarios civiles de los tres niveles de gobierno.
Francisco Vidal Bonifaz, director del CEPET, recordó que durante 2009 se documentaron 183 agresiones contra periodistas, 19 medios de comunicación y 13 asesinatos a comunicadores vinculados con su labor informativa.
NADA NUEVO, NADA DIFERENTE
El saldo de 2009 representa un aumento de 13 casos, 10.23 por ciento más que 2008, cuando se presentaron 127 incidentes, por lo que el periodista Raymundo Riva Palacio dijo «no hay nada nuevo, ni diferente, es el México real». Explicó que todos somos rehenes de la guerra contra la delincuencia, sin embargo las y los periodistas también se encuentran en medio del fuego cruzado de las autoridades y los medios.
En este sentido, el papel de los medios de comunicación es muy importante, sobre todo porque cuando un reportero es asesinado las familias quedan en la indefensión, «ni las autoridades -quienes no terminan de resolver los casos- ni los medios se hacen responsables de las viudas o de los hijos», señaló en entrevista con Cimacnoticias Juan Carlos Romero Puga, investigador del CEPET.
Mencionó que el caso de Mónica Perla Hernández, reportera del diario El Universal que fue amenazada en Durango y que se vio obligada a radicar en otra ciudad, es uno de tantos donde un periodista agredido que hace público su caso, pone en riesgo la viabilidad económica del medio, debido a que tener reporteros agredidos o asesinados significa mala publicidad al gobierno en turno, y ello implicaría retiro de la publicidad oficial.
Otro caso emblemático es el de «El Choco», Armando Rodríguez, asesinado por su ejercicio periodístico el 13 de noviembre de 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y cuya viuda y tres hijos, no pueden acceder a la pensión porque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) niega que haya sido asesinado por su labor periodística.
Prácticamente en uno de cada tres ataques contra periodistas están involucrados elementos uniformados o con placa, mientras que en uno de cada cuatro hay participación de un funcionario, sin contar que en los incidentes en los que no se identifica plenamente al agresor, frecuentemente se encuentran antecedentes de amenazas que tienen su origen en la crítica a la gestión gubernamental, detalla el informe.
10/AGM/LGL
