Con la puesta en marcha de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sociedad civil ha logrado contar con elementos suficientes para exigir el esclarecimiento del desvío de 30 millones de pesos del presupuesto federal a la organización antiabortista Provida.
María Vallarta, integrante de la organización Equidad de Género, informó lo anterior durante el acto para conmemorar un año de existencia de la Ley de Transparencia y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Ante un nutrido auditorio que se congregó en la sala Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia, Vallarta recordó que el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Luis Pazos, reasignó a título personal 30 de los 208 millones de pesos destinados a la atención a VIH/Sida, a Centros de Ayuda para la Mujer operados por Provida.
A nombre de LetraS, Salud Integral para la Mujer (Sipam), Fundar y del Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), entre otras, Vallarta dijo que gracias a la Ley de Transparencia, dichas organizaciones tienen en su poder el expediente de seis mil 500 páginas en donde se documenta el llamado Providagate»que seguiremos hasta sus últimas consecuencias», sentenció.
La Ley de Transparencia y el IFAI garantizan el derecho de la ciudadanía a la información, pero más allá de eso, advirtió Vallarta, ese derecho debe dar pie a que se castigue a quien resulte ser responsable de ese desvío.
2004/BJ/GV/SM