Activistas de Amnistía Internacional (AI) organizaron varias concentraciones y manifestaciones en diversas ciudades de Estados Unidos, con el fin de presionar al gobierno guatemalteco para que lleve a juicio a Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, tortura y otras violaciones de los derechos humanos, o que lo extradite a España para que enfrente estos cargos.
Miles de personas se congregaron este viernes frente al Consulado de Guatemala en Nueva York, así como en las cercanías de las oficinas consulares ubicadas en las ciudades de Chicago y Denver, mientras que delegaciones de líderes y voluntarios de AIUSA se reunieron con diplomáticos guatemaltecos en la Embajada de Guatemala, ubicada en Washington DC, anunció AI.
También se realizaron concentraciones en las instalaciones consulares guatemaltecas de Houston y Los Ángeles, para insistir en la solicitud de acción al Estado de Guatemala en el caso de Ríos Montt, indica el programa previsto.
El «Día Nacional de Acción por Guatemala» fue parte de una campaña internacional para llevar ante la justicia al militar acusado y a otros responsables de transgresiones de preceptos humanos universales, destacó un comunicado de prensa.
AI recordó que la campaña mundial surgió en apoyo al esfuerzo de un grupo de sobrevivientes del conflicto armado interno en Guatemala, liderados por la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.
En julio de 2006, el Tribunal Nacional de España emitió órdenes internacionales para el arresto de Ríos Montt y de varios funcionarios de alto rango durante la guerra, acusándolos de genocidio, tortura, terrorismo y detención ilegal, destacaron los organizadores de la campaña.
Finalmente, Vienna Colucci, directora del Programa para la Justicia y la Responsabilidad Internacional de AIUSA, expresó que mientras los tribunales de Guatemala revisan el pedido de España para la extradición de Ríos Montt, los demandantes, abogados, jueces, testigos y organizaciones de derechos humanos involucrados en la presentación de la demanda se encuentran bajo una presión e intimidación cada vez mayor.
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
En tanto, en Guatemala el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) entregó un millón 644 mil quetzales a 73 familias de distintos municipios, que fueron víctimas del conflicto armado interno, en un acto que se llevó a cabo en el salón municipal de la localidad, informó a Cerigua Esteban Lucas José.
Lucas, coordinador departamental del PNR, comentó que los beneficiarios son originarios de los municipios de Nentón, Jacaltenango, Ixtahuacán, Aguacatán, Santa Ana y San Antonio Huista, Colotengan, Chiantla y Todos Santos Cuchumatán, entre otros, quienes recibieron cheques de 20, 24 y 44 mil quetzales, en la tercera entrega del resarcimiento a las víctimas en Huehuetenango.
Una de las beneficiarias, Fabiana Ortiz, de la comunidad de Chaculá, Nentón, agradeció la entrega monetaria, pero subrayó que en nada le resuelve el dolor y el sufrimiento por sus familiares desaparecidos o masacrados durante el conflicto armado interno.
Samy Rojas, representante de Jacaltenango, dijo que existen varios grupos de personas que no cuentan con documentos que comprueben que fueron afectadas por la guerra y que no han sido tomadas en cuenta, por lo que pidió a las y los representantes del PNR que sean incluidas.
El PNR ha resarcido a 237 familias en este departamento con más de cinco millones de quetzales, en entregas efectuadas en octubre y diciembre del año pasado; sin embargo, ese número es insignificante para la cantidad total de afectados en Huehuetenango, donde ocurrieron varias masacres cometidas por elementos del ejército y de las Patrullas de Autodefensa Civil, se dijo.
SECUELAS DE CONFLICTO ARMADO PERSISTEN
No obstante lo anterior, víctimas del conflicto armado interno en Izabal señalaron que temen registrarse en el Programa Nacional de Resarcimiento y hablar de su pasado, porque al hacerlo podrían enfrentar represalias por decir la verdad.
Las y los afectados han pedido el anonimato a los medios de comunicación y a los representantes de instituciones sociales y del PNR, indicó Consuelo Ramírez, coordinadora de la oficina regional de la referida entidad, al resaltar que la desconfianza es el resultado de la represión y la violencia bajo las cuales vivió esta población durante la guerra.
Según la entrevistada, las amenazas provienen de los victimarios, que aún conviven en las mismas comunidades con las familias que sufrieron durante el conflicto armado interno; en algunos casos los responsables de las intimidaciones son presidentes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo o ejercen algún tipo de influencia en las localidades.
La coordinadora del PNR en este lugar expresó que en la comunidad El Jute, Chiquimula las víctimas denunciaron este tipo de anomalías en su contra, sin embargo se logró procesar a uno de los supuestos autores.
El Programa Nacional de Resarcimiento cuenta con medidas de seguridad en el manejo de la información y la documentación que entregan los afectados, con el fin de garantizar el proceso, concluyó Ramírez.
07/CV/GG
