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Se movilizan contra eventual aprobación de reforma Provida

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Organizaciones civiles que defienden los derechos sexuales y reproductivos en el estado de Veracruz iniciaron acciones para evitar que el Congreso local apruebe en segunda vuelta la iniciativa de reforma constitucional del gobernador Javier Duarte de Ochoa, para “proteger la vida al momento de la concepción y hasta la muerte natural”.
 
Desde el pasado fin de semana, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) lanzó en redes sociales la campaña #YoDecidoVeracruz, para demandar a las y los diputados locales que se desistan de aprobar la reforma al artículo cuarto constitucional que presentó Javier Duarte el pasado 21 enero, y que ese mismo día fue avalada por el pleno del Congreso estatal por ser de “obvia y urgente resolución”.
 
En tanto, activistas se han reunido con legisladoras y legisladores para informarles de las consecuencias para las mujeres en caso de aprobarse la reforma, han brindado conferencias de prensa, y alistan protestas afuera del Congreso local el próximo 12 de mayo, cuando se prevé que eventualmente se vote la iniciativa.
 
Aracely González Saavedra, coordinadora de Equifonía, recordó que en el pasado periodo de sesiones las y los diputados, principalmente de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), aprobaron en primera vuelta la iniciativa con 38 votos a favor y seis en contra.
 
La activista se dijo preocupada por la constante movilización de la jerarquía católica para presionar la aprobación de esa iniciativa en segunda vuelta, lo que –criticó– es “reprobable en un Estado laico”.
 
Reprochó también que aunque la iniciativa de Duarte es “sexista, clasista y racista, porque afecta principalmente a las mujeres pobres e indígenas”, las y los legisladores se empeñan en aprobarla, mientras que en la entidad no se ha garantizado el acceso a la salud reproductiva, la violencia sexual es una problemática “muy grave”, y no se garantiza el ejercicio de los derechos para las veracruzanas.
 
Por otra parte, algunas organizaciones civiles también demandan que se declare la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado por “agravio comparado”, es decir cuando alguna normatividad local violenta los derechos de las mujeres. 
 
Asimismo, activistas exigen que la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), haga un estudio en la entidad sobre las complicaciones de la vida de las mujeres cuando ni siquiera se garantizan el aborto legal ni el acceso a los servicios de salud reproductiva.
 
Aracely González lamentó que al interior del Congreso estatal no haya una verdadera independencia de poderes, ya que todas las bancadas terminan votando en bloque por lo que diga el gobernador.
 
En caso de que las y los diputados aprueben en segunda vuelta la iniciativa de reforma constitucional para “proteger la vida al momento de la concepción y hasta la muerte natural”, González Saavedra adelantó que promoverán amparos y acudirán a instancias internacionales para revertir la reforma.
 
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