Por considerar que pagar la fianza de doce mil pesos fijada por un juez es aceptar que cometió algún delito, Adriana González Celaya, una de las seis personas detenidas por oponerse al ingreso de las máquinas taladoras de árboles al Parque de Villa de Seris, está presa desde el pasado 14 de marzo en el Centro de Readaptación Femenil Número uno de esta ciudad.
En una carta dirigida a los medios de comunicación Adriana asegura que está presa por manifestarse en contra de la destrucción del centro de recreación «que es parte de nuestro patrimonio natural, social y cultural», considera.
En el escrito denuncia que tal agravio fue cometido con una excesiva brutalidad policiaca, que revela la prepotencia y abuso de poder con que se conduce tanto el gobernador del estado, Eduardo Bours, así como el presidente municipal Ernesto Gándara Camou.
Agrega el comunicado que este hecho no sólo atropella sus derechos más elementales humanos y ciudadanos, sino que además lastiman su integridad física, moral y psicológica, y la de su familia.
En tanto sus compañeras y compañeros están libres al pagar la fianza, ella asegura que se le han inventado cargos que considera absurdos como son: lesiones y robo a los policías que las y los agredieron el viernes 14, y obstrucción a la construcción de una obra pública.
Sin embargo, dice, su delito es haber ejercido pacíficamente su derecho a expresar su inconformidad y oponerse a la ilegalidad gubernamental al disponer de un espacio público, para entregarlo a particulares y destruir el segundo pulmón de la ciudad.
Advirtió a las autoridades que esos actos represivos lejos de frenar su participación ciudadana, hacen crecer su indignación, por lo que continuará con esa lucha por todos los medios a su alcance.
Lanzó un mensaje a la ciudadanía para que permanezca como una sociedad civil activa, que denuncia y limita los autoritarismos en el ejercicio del poder, ya que con este tipo de agresiones envía un claro mensaje intimidatorio para disminuir su participación.
Dijo estar convencida de que la vida en todas sus manifestaciones, no es negociable, ni intercambiable y que la congruencia es mejor herramienta que la violencia, para cambiar nuestro mundo.
ANTECEDENTES
Adriana González había interpuesto una queja el pasado 10 de marzo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDH, ya que junto con otras tres mujeres fue golpeada y lastimada del cuello, por policías municipales que participaron en un desalojo para cerrar el Parque de Villa de Seris, dentro del que permanecía el grupo defensor del parque.
Igualmente, ha participado en pasadas luchas ambientalistas como lo es la denuncia internacional y paralización de actividades que junto con otras y otros activistas y vecinos, se opusieron a la operación del Confinamiento y Tratamiento de Residuos Tóxicos (CYTRAR).
El confinamiento había sido construido a mediados de los años ochentas por la planta Ford y recibió su primera autorización del Instituto Nacional de Ecología el 7 de diciembre de 1988, la cual fue otorgada a nombre de Parques Industriales de Sonora, con duración de cinco años y exclusivamente para residuos regionales.
Este basurero tóxico se encuentra a menos de 6 kilómetros de la ciudad de Hermosillo, y la distancia mínima entre un confinamiento de ese tipo y el límite del centro de población de que se trate debe ser de veinticinco kilómetros. Por otra parte, las autoridades ambientales se negaron a dar información sobre el tipo de desechos tóxicos depositados en CYTRAR.
Finalmente, las organizaciones sociales y ambientales de Hermosillo y de otras partes de esta entidad federativa, organizadas con la comunidad y población civil, rebelaron que se trataba de escoria altamente explosiva ya que estaba contaminada con plomo, cadmio y cianuro y que provenía, gran parte de ella, del rancho El Florido en el municipio de Tijuana, Baja California.
La lucha de las organizaciones llegó a bloquear varias veces el confinamiento, enfrentando a la fuerza pública y órdenes de aprensión para alguno de los dirigentes del movimiento.
08/SN/CV
