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Se niega Nicaragua a reparar daño por asesinato de familia

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Yelka Ramírez, una joven de esta capital nicaragüense, realizó por segunda ocasión un plantón frente a la sede de la Policía Nacional en Plaza El Sol, para demandar el cumplimiento de las promesas hechas por las autoridades el 11 de julio de 2015, cuando “por error” asesinaron a dos de sus hijos y a su hermana.
 
Yelka denunció en su momento ante organizaciones de Derechos Humanos (DH) nicaragüenses, que policías que participaban en un operativo antidrogas en el sector conocido como Las Jagüitas, en Managua, confundieron a la familia Ramírez –que regresaba de una actividad religiosa– con un grupo de narcotraficantes y balearon el vehículo en el que viajaba la mujer –entonces embarazada– con sus tres hijos, su hermana y su esposo.
 
Al momento de la tragedia, los mandos de la Policía Nacional y de la alcaldía de Managua le prometieron a Yelka que harían justicia y se encargarían de los daños, pero a la fecha han incumplido.
 
De acuerdo con la denuncia de Yelka, su hijo de 12 años, sobreviviente de la masacre, tiene alojada una bala y requiere salir del país para ser atendido por especialistas en el extranjero, además tiene una sobrina de cinco años que quedó huérfana, y carece de recursos para comprarle leche a la menor de edad.
 
El vehículo que conducía su esposo al resultar baleado se dañó y la misma Policía Nacional se lo llevó, sin que hasta ahora lo hayan devuelto, reiteró la mujer, quien aseguró que no se cansará hasta que las autoridades le den una respuesta.
 
Juanita Jiménez, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, que acompañó a Yelka y su familia en los dos plantones, negó los señalamientos del procurador de Derechos Humanos de Participación Ciudadana, Sixto Ulloa, quien calificó la protesta como un acto político de la oposición.
 
“Lamentablemente en Nicaragua, cuando las personas reclaman sus derechos son catalogados como políticos opositores al gobierno”, dijo Ramírez, quien sostuvo que esto es un asunto de DH y no tiene nada que ver con lo político partidario.
 
Al respecto, Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), quien también ha acompañado a Yelka en su demanda de justicia, dijo que el Estado nicaragüense debe resarcir los daños, toda vez que es una obligación estipulada en la Constitución.
 
El movimiento amplio de mujeres también exigió a las autoridades nicaragüenses que cumplan sus promesas, y le den respuesta a las demandas de Yelka por ser un asunto de DH.
 
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