La Presidenta de la Asociación Afluentes, Gabriela Rodríguez, anunció que quienes han sido afectados por la censura al libro de texto de primer grado de secundaria en la entidad, podrán ampararse por discriminación por edad, por violentar la libertad de cátedra y de información y por desacato a un decreto presidencial.
En la conferencia Beneficios de la Educación Sexual, impartida por Rodríguez en el Colegio de Sonora, opinó que el libro en cuestión se queda corto con respecto de lo que niñas y niños de ese nivel escolar saben por otros medios a cerca de la sexualidad.
No obstante, dijo que la instrucción que se ofrece en las aulas escolares es la que se puede impartir en forma científica, clara y libre, por lo que sigue es capacitar a un millón 200 mil maestros para que impartan la materia de la mejor manera.
Explicó que las bondades de la educación sexual son múltiples: hay menos embarazos no deseados a edad temprana, menos infecciones de transmisión sexual y ayuda a evitar la situación más dolorosa: el abuso sexual contra niñas y niños.
Recordó los casos del empresario pederasta Succar Kuri, donde se vieron involucrados otros personajes incluso de la vida política del país, así como el del Fundador de los Legionarios de Cristo Marcel Maciel, de quien hace muy poco tiempo el Vaticano aceptó que abusó de seminaristas que luego de 30 años denunciaron los hechos.
Subrayó que está comprobado que a mayor educación sexual, más se atrasa el inicio de las relaciones sexuales. En su exposición alabó el contenido del texto, que forma parte de la reforma de educación secundaria.
Consideró que dicha reforma supera por primera vez una visión biologisista y demografista de la educación sexual, para incorporarla como parte de la formación cívica y ética. El programa promueve la formación del pensamiento crítico y autónomo, y muy concretamente en los materiales educativos se promueven los valores constitucionales como parte de la educación laica.
También el programa logra incorporar la educación sexual dentro del ejercicio de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con los compromisos internacionales signados por México ante la ONU.
La conferencista especificó que con el veto del gobierno del estado se violan varias disposiciones.
El Artículo Primero constitucional, por ejercer la discriminación por edad al privar a los menores de la información.
El Cuarto constitucional por violar el derecho a la información libre. El Tercero que defiende la educación laica, gratuita y no basada en prejuicios morales o religiosos.
El Sexto constitucional que permite la libertad de cátedra, y lo cual en teoría debería reflejarse en que cada maestro escogiera el texto a utilizar, pero con la práctica generalizada de que los gobiernos compran los libros y los distribuyen gratuitamente, lo convirtieron en algo ideológico y político al determinar ellos mismos cuál es el texto a utilizar, dejando por fuera las otras opciones.
Finalmente argumentó que ningún gobierno estatal puede contravenir o desacatar un decreto presidencial como lo es el sancionar este material didáctico, por lo que también se incurre en violencia institucional.
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