Mujeres y organizaciones feministas exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno el cumplimiento formal de los acuerdos y convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos (DH), igualdad entre los sexos, y de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género.
Como resultado de la Primera Reunión Nacional Preparatoria rumbo al X Encuentro Nacional Feminista (a celebrarse en 2015 en el Estado de México), feministas de todo el país emitieron un pronunciamiento para demandar a los tres órdenes de gobierno acciones concretas a favor de las mujeres.
En el documento signado por la Red de Mujeres Feministas del Estado de México (Remufem) y la Colectiva Feminista Aguascalientes, entre otras organizaciones, se reclamó “la restitución del Estado de Derecho, tal como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Así como restaurar la esencia de la voluntad del pueblo para acabar con la impunidad, y “el desenfreno que lesiona severamente a las y los habitantes de este país”.
Ello porque estas mujeres feministas, entre quienes se encuentran la ex diputada federal Martha Tagle; Mariana Ávila Montejano, consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y Enma Obrador Garrido, consejera social del mismo instituto, calificaron como “alarmante” el incremento del feminicidio en todas las entidades federativas.
Aunque –aclararon– el Estado de México y Chihuahua mantienen su “deshonroso” primer lugar; lo que se hace evidente con la minimización por parte del gobierno del Edomex del hallazgo de 16 cuerpos de mujeres encontrados en el municipio de Ecatepec.
Las feministas hicieron público su repudio al recrudecimiento de todas las formas de violencia contra las mujeres. En especial, la perpetrada por el Estado, que hoy cobra las vidas de cientos de mexicanas y mexicanos sin razón alguna.
Criticaron la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero; los seis asesinatos en Iguala, entre ellos el de una mujer, y la masacre de 22 civiles por parte del Ejército en Tlatlaya, Estado de México.
Rechazaron la criminalización de la protesta y la lucha social, la represión, la persecución, encarcelamiento y muerte de luchadoras y luchadores sociales, así como la impunidad con que el Estado reviste estas acciones.
En este contexto, exigieron a los tres niveles de gobierno acciones para frenar todas las violaciones a DH que se desprenden de esos hechos.
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