La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que las agresiones contra activistas en el continente se han intensificado, y ahora alcanzan a personas defensoras del medio ambiente, la diversidad sexual y las y los migrantes.
El presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, señaló que en 2006 se registraron más agresiones contra líderes campesinos, sindicales y mujeres defensoras. Advirtió que para 2011, lejos de desaparecer el clima de hostilidad se ha disparado.
Durante la presentación del «Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de Derechos Humanos en las Américas», Orozco Henríquez dijo que la impunidad es un mensaje de intimidación contra toda la población.
En el evento en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el también jurista mexicano reafirmó que las y los defensores son el pilar de la democracia y que cada Estado debe asumir su responsabilidad de protegerlos.
Debido al reglamento de la CIDH, Orozco no se pronunció sobre aspectos concretos de México, pero precisó que de 2007 a diciembre de 2011 este organismo recibió de activistas de toda América mil 672 solicitudes de medidas cautelares, de las cuales otorgó 227.
Sobre este tema lamentó que en los países de la región las medidas de protección no se han cumplido de forma óptima, e insistió en que las instancias correspondientes deben cumplir con las acciones de seguridad para las y los defensores en riesgo.
En la presentación del informe participaron defensores de Derechos Humanos (DH), quienes denunciaron que en México persiste un panorama sombrío para las y los activistas, toda vez que siguen trabajando en medio de amenazas e intimidaciones.
Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, afirmó que las defensoras de DH tienen que desarrollar su labor en un mundo patriarcal donde ellas corren riesgos particulares por ser mujeres.
La también abogada recordó que la impunidad en torno a los asesinatos de las defensoras Josefina Reyes, Marisela Escobedo, Susana Chávez y Beatriz Cariño, ha dado pie a que otras activistas sean amenazadas.
Entre los casos recientes están las amenazas contra Blanca Velázquez, directora del Centro de Apoyo al Trabajador (CAT) del estado de Puebla, y contra los sacerdotes defensores de migrantes Alejandro Solalinde y Pedro Pantoja.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, acusó que en México se amenaza a quienes alzan la voz contra las injusticias, una situación que se acentúa en los estados.
El también antropólogo explicó que mientras persiste la impunidad y se acumulan más asesinatos de defensores, el Estado realiza «pálidos e insignificantes» esfuerzos por hacer frente a esta situación.
Agregó que el anunciado mecanismo de protección que debería poner en marcha la Secretaría de Gobernación (Segob) es un instrumento que se quedó en el papel, pues en los hechos ni siquiera se hacen rondines en el lugar de trabajo de activistas amenazados.
Las y los activistas criticaron que el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, Max Diener, no acudiera a la presentación del informe de la CIDH, y que en un evento previo presumiera ante José de Jesús Orozco la aprobación de la Ley federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual no ha sido promulgada.
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