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Se recrudecen hostigamiento y amenazas contra activistas

Por Anayeli García Martínez

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) y la Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y Territoriales (Deside) denunciaron el incremento del acoso y hostigamiento contra activistas en el estado de Veracruz.
 
El recrudecimiento de las amenazas, afirmaron las agrupaciones, se dio tras el asesinato de Nadia Vera Pérez, Rubén Espinosa Becerril, Yessenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y Mile Virgina Martín, ocurrido el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte en esta ciudad.
 
En conferencia de prensa, los activistas veracruzanos Ignacio Córdova y Julián Ramírez, integrantes de ambos colectivos, dijeron que la impunidad en los casos de agresiones a periodistas y defensores provoca un ambiente en donde alzar la voz, manifestarse y exigir justicia es un riesgo.
 
Por otra parte, en un comunicado ambas organizaciones y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informaron que del 5 al 7 de agosto la Secretaría de Seguridad Pública estatal arreció las agresiones cometidas por policías ministeriales, policías vestidos de civil y agentes de gobierno de la entidad.
 
Particularmente, se ha incrementado la vigilancia en el domicilio y oficina de integrantes de Deside y el de las y los jóvenes del Comité 5 de Junio, un colectivo que nació a raíz de la represión en esa fecha contra estudiantes universitarios.
 
En el caso del Comité 5 de Junio, los pasados 5 y 6 de agosto alrededor de las 18:00 horas varios de sus integrantes fueron vigilados, esto luego de participar en actos para honrar la memoria de las cuatro mujeres víctimas de feminicidio y el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa.
 
En el caso de los integrantes de Deside, los pasados 6 y 7 de agosto reportaron gente golpeando sus puertas en las noches y la vigilancia de hombres sospechosos permanentemente afuera de sus domicilios, durante la madrugada y el día.
 
Además, en caso de intentar salir de sus casas, eran perseguidos y también fueron blanco de amenazas verbales, por lo que las y los jóvenes decidieron abandonar sus casas.
 
Las agrupaciones aseguraron que el hostigamiento a estudiantes se hizo más evidente desde el asesinato de las cinco personas. Asimismo señalaron que a partir de ese crimen, activistas, familiares y amigos han impulsado movilizaciones y actos de protesta contra el gobierno del estado, por su probable participación en los hechos.
 
Es por ello que las organizaciones exigieron una efectiva investigación que conduzca al pleno esclarecimiento de los hechos denunciados, a la sanción de los responsables materiales e intelectuales, y a una efectiva reparación del daño.
 
También pidieron que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad personal de las víctimas y sus familias, y cese inmediato del hostigamiento contra estudiantes y activistas.
 
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