Mientras en la participación económica se reduce la brecha de género, en el desempleo aumenta. En concordancia con la tendencia regional de América Latina, en México la desocupación (laboral) es mayor entre las mujeres.
En promedio, la participación femenina en el sector laboral es mayor en los sectores no pobres, las áreas urbanas, los niveles altos de educación y las edades entre los 25 y 44 años. Sin embargo, en los grupos etarios (franja de edad) entre los 45 y los 60 años la porción de empleo es más considerable.
Lo anterior podría indicar que las mujeres mayores quieren o necesitan seguir trabajando e, incluso, podría reflejar las deficiencias que actualmente sufre el sistema previsional (la seguridad social) en nuestro país, según la investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mercedes Cabañas Cortés.
Y, aunque el sistema de seguridad social debe atender la invalidez, vejez y muerte de las y los trabajadores, en la mayoría de las agendas de los movimientos de mujeres en Latinoamérica no existen las demandas por la seguridad social, «y esa es una ausencia muy grave», toda vez que estos sistemas no toman suficientemente en consideración la condiciones que viven las mujeres inmersas en la pobreza, además de que existe una reducción de los servicios prestados por estos sistemas.
Asimismo, el riesgo de vivir en pobreza es mayor para las mujeres que para los hombres: No obstante, los sistemas de previsión dejan de lado que la población femenina adulta tiene derecho a la seguridad económica, a recibir una pensión y a la protección social, dijo Cabañas Cortés durante el IV Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras y Seguridad Social que se llevó a acabo en esta ciudad el pasado 10 de noviembre.
Es así como la discriminación que sufren las mujeres dentro del mercado laboral se ve reflejada en los sistemas de seguridad social, pues «tanto la baja cobertura femenina del sistema previsional como la baja tasa de reemplazo que presentan las jubiladas tiene relación directa con las diferencias existentes en el mercado laboral».
Para Cabañas Cortés, el sistema de género que actualmente domina el mercado laboral de nuestro país tiene como consecuencia que un alto porcentaje de las mujeres sea relegado del empleo y que, aquellas que logran ingresar, sean discriminadas.
En ese sentido, las mujeres inactivas (sin trabajo remunerado) quedan excluidas del sistema de pensiones o «sujetas a recibir una pensión de viudez o asistencia». La población femenina que forma parte del sector inactivo oscila entre los 20 y 24 años e ingresan a estas filas debido a que son responsables del trabajo doméstico.
Sin embargo, aquellas que son activas tampoco cuentan con la garantía de acceso y permanencia a los sistemas de pensiones. Cabañas Cortés explica que la diferencia entre los perfiles ocupacionales de mujeres y hombres es un factor determinante de su situación en el sistema de pensiones.
Es así como las categorías de ocupación en la que se concentran las mujeres son aquellas en las que existen pocas posibilidades de acceder y permanecer en el sistema de pensiones. Además, son ellas quienes en mayor medida reciben bajos ingresos o éstos son irregulares, lo cual es determinante al calcular el monto de su pensión.
A decir de la investigadora, las diferencias entre el ingreso laboral de las mujeres y hombres se presentan en mayor medida entre la edad de 45 a 55 años. Las remuneraciones que se perciben en estos años son determinantes en el cálculo de las pensiones pues el número de años considerado para calcular este promedio corresponde generalmente a los últimos años de vida, lo que implica que las mujeres recibirán una pensión más baja que la de los varones.
Es decir, además de ser discriminadas durante toda su vida activa, ésta práctica aumenta hacia las trabajadoras al final de su vida laboral con drásticas repercusiones en su situación dentro del sistema de seguridad social, apunta.
«La insuficiencia y la irregularidad de las remuneraciones impiden a muchas personas, en especial a las mujeres, ingresar y mantenerse en los sistemas de pensiones», asegura Caballa Cortés.
«DESALARIZACIÓN»
Y aún cuando la discriminación laboral de las mujeres ya existía antes de que surgieran las nuevas modalidades de empleo, indica Cabañas Cortés, éstas no eliminaron la discriminación, sino que en muchos casos la acentuaron o dieron lugar a modalidades de segregación que son evidentes en la industria manufacturera de exportación, la agricultura de temporada o el trabajo a domicilio.
Para la investigadora, las transformaciones ocurridas en los sistemas de producción y en la organización del trabajo modificaron las relaciones laborales y han ejercido efectos para el sistema de pensiones, entre ellos: la difusión de contratación a plazo fijo; y formas contractuales atípicas como la subcontratación.
Además de la «desalarización» de las remuneraciones, que supone limitar la calificación de agravar con impuestos sólo una parte de los ingresos de trabajo; así como la disminución del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica y las variaciones de las funciones asignadas que pueden afectar temporal o permanentemente los ingresos disponibles.
En ese contexto, si bien las nuevas formas de contratación han ampliado las oportunidades de trabajo de las mujeres también han vuelto más precarias sus condiciones laborales, como consecuencia, repercuten en su posición dentro del sistema previsional.
Por lo que «no deja de ser contradictorio el hecho de que los regímenes tradicionales de seguridad social se asentaban sobre un modelo patriarcal de familia en el que las mujeres eran objetos de protección, mientras que en los sistemas de capitalización individual las mujeres pierden el estatus de minoridad en tanto que son consideradas potencialmente contribuyentes.
«No obstante, en la práctica quedan más desprotegidas ya que su inserción laboral precaria no les permite entrar a formar parte de los usuarios. Lo que se gana en libertad formal, se pierde en protección real», concluye Mercedes Cabañas Cortés,
07/HVR/GG/CV
