Hoy, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza Longoria, se reunirá con el Procurador General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, con el propósito de conocer los avances de las investigaciones sobre las niñas y niños desaparecidos del albergue Casitas del Sur.
El Ombudsman capitalino dijo hace unos días, al confirmar la reunión de hoy con la PGJDF, conocer «algunos elementos de las líneas de investigación y de las personas involucradas» y espera que de esta reunión «pronto se muestren elementos significativos de avance de las averiguaciones previas».
Sobre la nueva desaparición de un niño, sostuvo que hay elementos muy graves y eso obliga a un mayor esfuerzo de la Procuraduría capitalina para su localización, pero no comparte «el escenario de que de parte de la autoridad ministerial esté fuera de control».
La reciente desaparición, consideró, es una señal de la gravedad de un proceso muy complejo. La Red de los Derechos de la Infancia, indicó, reportó 24 casos de niñas y niños desaparecidos a nivel nacional, lo cual ubica una seria señal de alarma.
El problema, aseguró, ya no sólo es a nivel local porque los reportes se ubican en distintas entidades de la República, lo que requiere de un mayor esfuerzo de coordinación de las instancias locales y federales.
«Espero que la Procuraduría en el ejercicio de sus atribuciones deslinde responsabilidades porque eso puede ser una serie de hechos constitutivos de delitos. No podemos actuar como si nada pasara cuando hay niños y niñas desaparecidos», sentenció.
El caso de Casitas del Sur debe analizarse desde tres esferas: 1) la verificación de este tipo de albergues donde el DIF y la Secretaria de Salud tienen responsabilidad en su monitoreo; 2) las reglas de operación; y 3) las decisiones judiciales, donde se turna por mandato de un juez o del Ministerio Público a los niños.
El Ombudsman capitalino afirmó que «No basta que una persona que se declare en buena voluntad para poder poner un albergue». Sobre el particular hay tres quejas en la CDHDF.
Relató que la Comisión recibió de personas cercanas a esta asociación una serie de denuncias, pero ha sido difícil localizarlas para la confirmación. «Dan teléfonos y direcciones que no existen, incluso por Internet. El seguimiento es complicado cuando el peticionario desaparece», aseguró.
Sobre las declaraciones de Jorge Erdely Graham, quien acusa al Gobierno del Distrito Federal de fabricar delitos, apuntó: «Si hay señalamientos y pruebas, sería muy conveniente aportar los elementos, no bastan sólo las declaraciones. La sola declaración no contribuye, sino enrarece el ambiente».
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