Se suma a violencia de género criminalización de defensoras

En América Latina (AL) existe una tendencia regional a usar indebida y desmesuradamente el derecho penal en contra de las personas defensoras de los Derechos Humanos (DH).
 
En el caso de las mujeres defensoras, esta criminalización se agrava con el incremento de la violencia de género y la constante descalificación basada en estereotipos.
 
Durante el 153 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en Washington, organizaciones civiles que promueven los DH en el continente presentaron ante las y los comisionados un panorama regional sobre la creciente criminalización contra las personas defensoras.
 
Grupos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, expusieron que a la par de que no han cesado los ataques físicos y directos contra personas defensoras, hay una creciente criminalización de las y los activistas.
 
Señalaron que actualmente tanto agentes del Estado como empresas privadas o personas en lo individual utilizan delitos penales graves (como el terrorismo o secuestro), para acusar a defensoras y defensores, así como para iniciarles investigaciones penales que obstaculizan y frenan su labor humanitaria. 
 
Ese tipo de delitos –dijeron– justifican las detenciones arbitrarias y las intervenciones telefónicas, a lo que se suma que las pesquisas están plagadas de violaciones al debido proceso, tales como detenciones sin órdenes de captura o la presentación de pruebas sin sustento. 
 
Susana Navarro, quien habló a nombre de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), precisó que a nivel regional las activistas –al tiempo que enfrentan un contexto de mayor agresión contra las personas que defienden los DH– padecen el auge de la violencia y discriminación contra las mujeres.
 
“El incremento del feminicidio, los altos niveles de impunidad en los delitos de violencia contra las mujeres, y los estereotipos de género que sancionan la participación social de las mujeres generan un entorno que aumenta el riesgo de las defensoras de DH”, señaló.
 
Navarro aseveró que el hecho de que los informes sobre la situación de defensoras y defensores no cuenten con enfoque de género, impide analizar el riesgo específico que enfrentan las mujeres, así como determinar la emisión certera de recomendaciones para protegerlas.  
 
Expuso los casos de criminalización contra Francisca Gómez Grijalva, columnista guatemalteca; Berta Cáceres, defensora indígena del pueblo Lenca en Honduras, y de Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, en Oaxaca, México.
 
También dio cuenta de las amenazas contra la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, de El Salvador.
 
“La criminalización en contra de las defensoras, además de poner en riesgo su libertad, integridad y seguridad, tiene como consecuencia la deslegitimización de su persona y del trabajo que realizan”, consideró. 
 
A nombre de IM-Defensoras llamó a la CIDH a incorporar indicadores de género en sus análisis sobre la criminalización de las personas defensoras de DH, a fin de conocer los impactos diferenciados que tiene el hostigamiento judicial en mujeres y hombres defensores, así como identificar cuáles son los tipos penales usados en su contra.
 
La audiencia temática fue convocada por la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CIDH, que actualmente elabora el “Informe Especial sobre Criminalización de las Defensoras y Defensores de DH, a través del uso indebido del Derecho Penal”.
 
El relator sobre los derechos de las y los defensores de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, mostró su preocupación por la persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamientos contra defensoras y defensores de DH, la criminalización de las labores humanitarias en diversos países de AL, y la falta de medidas efectivas de protección por parte de los Estados para quienes están en grave riesgo.
 
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