Inicio Se violenta derecho de las trabajadoras a la maternidad

Se violenta derecho de las trabajadoras a la maternidad

Por Adriana Franco Rosales

Pese a que las leyes mexicanas y los tratados internacionales protegen a las mujeres para que ejerzan el derecho a la maternidad sin que afecte su vida laboral al ser hostigadas o despedidas por esta razón, la discriminación laboral por embarazo es una práctica común.
 
El informe “Omisión e indiferencia, derechos reproductivos en México”, publicado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) muestra la falta de garantías para que la vida laboral y reproductiva de las mexicanas sean compatibles.
 
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), obliga a los Estados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, garantizando sus derechos en el ámbito laboral.
 
La CEDAW se refiere a la prohibición del despido por motivo de embarazo, maternidad o estado civil; la obligación de que los empleadores implementen el pago de la licencia de maternidad o de las prestaciones sociales sin pérdida del empleo; así como alentar servicios sociales para combinar la vida familiar y laboral, como las licencias de paternidad y las estancias infantiles.
 
Es necesario que en la práctica se frenen las constantes violaciones al derecho a la maternidad en el mundo del trabajo, que permanecen impunes por la falta de denuncias y de sanciones a los empresarios, alerta GIRE.
 
SIN DENUNCIAS
 
El artículo 123 de la Constitución establece que las mujeres tienen derecho a licencias de maternidad y prestaciones sociales, además de que el patrón deberá evitar asignarle trabajos peligrosos para su salud durante la gestación.
 
Aunado a ello, el artículo 133 fracción XV fue reforzado en la pasada reforma laboral, aprobada a fines de 2012, cuyo texto refiere que “se prohíbe despedir a una trabajadora o coaccionarla para que renuncie por estar embarazada”.
 
Para conocer cuántas denuncias existen por contravenir estas leyes, GIRE solicitó información a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), instancia que respondió que sólo tienen registradas nueve denuncias por despidos con motivo de embarazo entre enero y marzo de 2009.
 
Dato que contrasta con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011, que señaló que al menos a 845 mil 308 mujeres las despidieron, no les renovaron el contrato o les bajaron el salario por motivos de embarazo a lo largo de su vida.
 
Además el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refiere que en 2009 el 45.7 por ciento de las trabajadoras no tuvieron acceso a incapacidad o licencia médica después del parto.
 
Otra encuesta del Inegi reveló que en 2011, 90 por ciento de los incidentes de violencia laboral en el trabajo se relacionaban con la solicitud de una prueba de embarazo a las mujeres. El 18 por ciento de ellas fueron despedidas, no les renovaron el contrato, o les bajaron el salario por estar embarazadas.
 
Todos estos indicadores reflejan, afirma GIRE, que la mayoría de los casos de discriminación laboral por embarazo no se denuncian ante la Profedet y por tanto quedan impunes.
 
En su más reciente examen a México, el Comité de la CEDAW mostró preocupación ante la persistencia de prácticas discriminatorias contra las mujeres en el ámbito laboral.  
 
Por tanto, GIRE recomienda en su informe que la Profedet, como instancia responsable, monitoree a las empresas para evitar actos de violencia y discriminación contra las mujeres embarazadas, así como que investigue de forma expedita todas las denuncias de despido por este motivo.
 
VIOLENCIA LABORAL
 
En entrevista con Cimacnoticias, Nora Beltrán Pacheco narró la forma en que fue hostigada laboralmente a raíz de su embarazo, al grado de que pusieron en riesgo su salud y la del producto, para que al final, tras cinco meses de acoso constante para orillarla a renunciar, la despidieran el jueves pasado sin la liquidación que le correspondía, negándole con ello el derecho a la atención médica. 
 
Nora Beltrán llevaba 20 meses de antigüedad en Grupo Fisher’s, corporativo de restaurantes y bares, por lo que no esperaba que al anunciar a principios de año a su jefe que tenía siete semanas de embarazo, se desatara una serie de abusos para obligarla a renunciar, porque a decir de su jefe directo, Daniel López, “al dueño (de la empresa) no le gusta ver trabajadoras panzonas”.
 
A partir de ese momento, la trabajadora tuvo que tolerar que la sometieran a condiciones laborales de alto riesgo para su embarazo, con tal de no perder su empleo.
 
La obligaron a utilizar tacones de 12 centímetros, cuando antes no era parte del uniforme, la enviaban a atender las mesas del área de fumadores en un espacio cerrado, y le cambiaron el horario para que saliera a las 2 de la madrugada.
 
También le redujeron el sueldo, ya que ganaba por horas y disminuyeron su jornada laboral, además de enviarla a sucursales donde las propinas eran mínimas y estaban tan lejos que gastaba más en los pasajes.
 
No conformes con ello, sus patrones le disminuyeron su salario base en un 50 por ciento, situación que no aceptó, lo que provocó que la despidieran injustificadamente sin liquidación.
 
El pasado jueves, con siete meses de embarazo, el jefe de Recursos Humanos del corporativo, Norberto Treviño, intentó impedir que Nora permaneciera en su fuente de empleo, por lo que acudió con cuatro elementos de seguridad para que la sacaran, pero se contuvo toda vez que ella lo grabó en video con su celular y llamó a su abogado para que interviniera.
 
Esa mañana Treviño pretendió pagarle una liquidación que no cubría ni la cuarta parte de lo que le corresponde por ley. Ante la negativa de Nora, el empleado le retuvo hasta el sueldo de su última semana de trabajo y la instó a demandar a la empresa pese a que este corporativo ya perdió anteriormente una demanda laboral por un caso similar, en el que la empleada también estaba embarazada al ser despedida.
 
Nora presentó una queja el pasado 20 de mayo ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que luego envió un escrito al Grupo Fisher’s, pero tras múltiples intentos por tratar de conciliar con el abogado de la empresa, Mario Carvajal, el Consejo refirió que el corporativo se niega a un acuerdo y que esperan que la trabajadora presente la demanda laboral ante la Profedet.
 
Cimacnoticias tiene copia del escrito del Conapred. Esta agencia solicitó entrevistas con los empleadores Daniel López y Norberto Treviño, para conocer su versión de los hechos, pero se negaron a emitir declaraciones o fijar una postura como empresa.
 
13/AFR/RMB

Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles. Acepto Leer más

Skip to content