Aunque en México existen leyes en contra de la violencia familiar, la Secretaría de Gobernación debe generar un programa de protección a las mujeres migrantes que incluya las reformas necesarias a las leyes, para dar cumplimiento a las garantías individuales de la Constitución, así como a las normas internacionales, reconocieron especialistas de la organización civil Sin Fronteras.
Fabienne Venet, Gretchen Kuhner y Gabriela Díaz denunciaron que las mujeres migrantes todavía encuentran obstáculos para ejercer los derechos con los que cuentan como personas, ya que para realizar cualquier trámite o acceder a ciertos servicios requieren comprobar su estancia regular en el país para poder acudir ante el registro civil o cualquier otra autoridad.
Al presentar el informe Mujeres Migrantes en situaciones de violencia familiar en México: retos y recomendaciones, las especialistas emplazaron al Instituto Nacional de Migración (INM) a desarrollar una política con perspectiva de género que elimine todo tipo de discriminación hacia las mujeres migrantes.
Agregaron que esta política deberá fortalecerse a través de los acuerdos firmados con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para coordinar la defensa de los derechos humanos de las mujeres en situación de violencia familiar u otro tipo de violencia.
En conferencia de prensa, la directora general de Sin Fronteras IAP, Fabienne Venet, informó que fue hasta 1975 cuando el gobierno mexicano reconoció que el fenómeno de la violencia familiar es un problema de salud pública y no parte de la vida cotidiana de los hogares mexicanos, con efectos negativos en el potencial productivo de las víctimas y de la siguiente generación, por lo que elaboró leyes y aplicó programas sociales para enfrentarlo.
México, dijo, tiene la obligación legal y moral, derivada de la Constitución y de los tratados internacionales, de proteger a todas las personas que se encuentran en territorio nacional, incluyendo a las mujeres que carecen de un estatus migratorio regular.
Reconoció que aún falta una interacción entre las leyes y programas orientados a la protección de las mujeres en situación de violencia familiar y la normatividad migratoria, para brindar protección y atención a la población en cuestión.
La especialista enfatizó que la discriminación continúa sustentada en disposiciones de la legislación y no ha sido eliminada de la práctica de algunos servidores públicos; destacó que el Artículo 67 de la Ley General de Población (LGP) es un pilar de la discriminación a las y los trabajadores migratorios y sus familiares con base en su estatus migratorio.
La LGP y su reglamento discriminan sistemáticamente a las personas extranjeras en función de su estatus migratorio para su acceso a la justicia, a los derechos laborales, así como a derechos tan fundamentales como la identidad y la salud, apuntó tras sostener que la discriminación, o arbitrariedad, se continúa observando en la actuación de algunos servidores públicos, como en las resoluciones sobre trámites de regularización migratoria y aplicación de sanciones.
REFORMA NECESARIA
Venet aludió que la propuesta de Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, recientemente presentada al Congreso de la Unión por organizaciones de la sociedad civil y académicos, incluye una propuesta de reforma al Artículo 33 constitucional que resolvería la violación a las garantías de legalidad, derecho de audiencia, defensa, igualdad jurídica, así como a un recurso imparcial y efectivo, acarreada por la norma constitucional en mención y por el Artículo 126 de la Ley General de Población (LGP).
Con ello, apuntó, se eleva a rango constitucional los principios internacionales de derechos humanos que garantizarían el acceso a las y los migrantes al ejercicio de diversos derechos como el acceso a la justicia y otros derechos, incluyendo los económicos, sociales y culturales.
No obstante, la dirigente de Sin Fronteras subrayó que el gobierno mexicano continúa empleando un doble discurso, en el que se habla sólo del respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos en el exterior y no del mismo trato a las personas migrantes que transitan por o se quedan en nuestro territorio.
Advirtió que al referirse a la política migratoria estadounidense, el Presidente de la República mencionó que ésta no puede estar por encima de los derechos humanos de las y los migrantes; sin embargo, no mencionó que la política migratoria mexicana tampoco puede estarlo. México debe predicar con el ejemplo y no endurecer sus políticas y trato a trabajadoras y trabajadores migratorios dentro de su territorio.
MÁS MUJERES MIGRANTES
El informe presentado por Sin Fronteras IAP señala que entre 1960 y 2000 el número de migrantes internacionales creció en más de 100 millones, a la vez que el número de mujeres migrantes creció de 35 millones, en 1960, a 85 millones en el 2000. Destacó que al aumentar la migración femenina, el número de abusos y explotación también se han incrementado.
En el documento se observa que en el año 2000, el 60 por ciento del total de migrantes en el mundo se concentra en países desarrollados, debido a que las oportunidades de educación, empleo y a su política de reunificación familiar, así como a las redes sociales con que cuentan.
Cita como ejemplo a México, e indica que mientras en los años 80 el país acogió a un gran número de refugiados de las guerras centroamericanas, hoy en día alberga a un número de migrantes menor, toda vez que prefieren emigrar a Estados Unidos.
El informe abunda que el número de migrantes acogido por nuestro país, es escaso (apenas el 0.5 por ciento en las últimas tres década) que suman 492 mil 617 personas extranjeras en una población de 100 millones de habitantes; cantidad significativamente menor a la de Estados Unidos, donde el 10.4 por ciento de la población es extranjera (28.4 millones), o al de España, donde conforman el 8.4 por ciento (casi 4 millones de extranjeros).
En el marco de la presentación del informe Mujeres migrantes en situaciones de violencia familiar en México: retos y recomendaciones, las especialistas denunciaron que de acuerdo a un monitoreo realizado por Sin Fronteras IAP en las Estaciones Migratorias del Distrito Federal y Tapachula, pudieron observar que continúan ocurriendo casos de verificación y detención realizadas por autoridades no autorizadas o diferentes al Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal Preventiva (PFP).
Cabe mencionar que, de conformidad con la recomendación del Consejo Económico y Social (decisión 2000/288, de 28 de julio de 2000), la Asamblea General proclamó el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante (resolución 55/93, de 4 de diciembre de 2000).
El 18 de diciembre de 1990 se aprobó la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todas y todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (resolución 45/158).
La Asamblea destacó la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas y todos los migrantes. Se calcula que unos 130 millones de personas viven fuera de sus países de origen.
07/MLT/GG/CV
