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Segundo Informe de contrastes para las mexicanas

La rendición de cuentas de Enrique Peña reflejó un optimismo en la supuesta mejoría para la vida de las mujeres, pero en los hechos prevalecen los rezagos.
 
Al rendir su Segundo Informe de Gobierno –entregado el 1 de septiembre al Congreso de la Unión–, Enrique Peña Nieto enlistó presuntos logros, entre talleres, capacitaciones, foros e inauguración de centros de atención para las mujeres, pero omitió abordar las alarmantes cifras de feminicidio, las fallas en atención a la salud femenina, y la alta tasa de desempleo entre las mexicanas.
 
Mientras el Ejecutivo aseguró tener una Administración Pública Federal (APF) con “perspectiva de género transversal”, en paralelo crecen los reclamos ciudadanos que denuncian el desinterés del gobierno federal ante temas como el feminicidio, la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), y la desaparición de mujeres y jóvenes.
 
Según el informe, el gobierno incorporó la perspectiva de género en todas las políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos y acciones afirmativas de la APF, y como ejemplo resaltó la publicación del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (Proigualdad).
 
Entre los logros enlistados se mencionó el incremento del presupuesto etiquetado para la igualdad de género, que para 2014 alcanzó 21 mil 522 millones de pesos (mdp); el Programa Nacional de Becas; el Seguro de Vida para Jefas de Familia; el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, y la creación de cinco Centros de Justicia para las Mujeres.
 
Peña Nieto resaltó “logros”, pero omitió problemáticas. Por ejemplo explicó que combatió la violencia de género, que según el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) a diario cobra la vida de siete mexicanas, con capacitación a funcionarios y atención a través de redes de refugios.
 
Sobre el feminicidio sólo dijo que en octubre de 2013 la Secretaría de Gobernación y el estado de Chihuahua celebraron un convenio para cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009, por el caso “Campo Algodonero”, referente al asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez.
 
No obstante, omitió que en lo que va de la administración priista en cinco ocasiones se ha solicitado la AVG para los estados de Hidalgo, Morelos, Chiapas y Guanajuato (incluso dos veces en esta última entidad), y sigue pendiente desde 2010 una investigación por violencia feminicida en el Estado de México, pese a un mandato judicial que ordena su ejecución inmediata.
 
MÁS OMISIONES
 
Otro tema más que quedó fuera del informe fue el de los derechos de las connacionales que residen en Estados Unidos y de las migrantes que transitan por México, a pesar de que grupos civiles han denunciado que las mujeres son las más vulnerables en el fenómeno migratorio.
 
Organizaciones nacionales e internacionales afirman que al menos seis de cada 10 migrantes son agredidas sexualmente durante su paso por el país; son las víctimas más frecuentes de trata de personas; no reciben atención médica si están embarazadas, y que las autoridades y la Ley de Migración obstaculizan su acceso a la justicia.
 
Pero el informe señala que de septiembre de 2013 a agosto de 2014 se otorgó asistencia y protección consular a las y los mexicanos en el extranjero, y se impulsaron acciones para mejorar las condiciones de las personas migrantes con el ejercicio y disfrute de sus derechos sociales, económicos y culturales.
 
Las cifras y datos del documento reconocen rezagos en materia de salud universal, por ejemplo en prevención de complicaciones en el embarazo, parto y puerperio; el acceso a anticonceptivos, y la atención efectiva del cáncer de mama (CaMa) y el cérvico uterino (CaCu).
 
Por ejemplo, el Segundo Informe apunta que el número de usuarias de métodos anticonceptivos en la Secretaría de Salud –al mes de agosto de 2014– es de 3.1 millones, lo que representa una cobertura de apenas 36.6 por ciento del total de mujeres unidas de 15 a 49 años.
 
Agrega que aunque existe una oferta universal de pruebas de detección del VIH/Sida para todas las mujeres embarazadas, la cobertura es de sólo 58 por ciento. Además la muerte por CaMa mantiene una tendencia ascendente, ya que se estimaron 17.5 defunciones por cada 100 mil mujeres de 25 años o más en 2013.
 
Un tema que destaca el informe son las acciones contra la muerte materna con el Convenio de Colaboración para la Atención de Emergencias Obstétricas, y la capacitación del personal médico.
 
En contraste, en los medios se han denunciado más de 20 casos de violencia obstétrica que incluso derivaron en la muerte de mujeres indígenas en estados como Chiapas y Nayarit.
 
TRIUNFALISMO
 
Aunque la administración de Peña Nieto enlistó 12 “avances” para promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado y decente, las estadísticas demuestran que la población femenina es la más explotada, tiene los peores salarios, no ocupa puestos de decisión y tampoco es propietaria de los bienes materiales en el mundo laboral.
 
Entre las acciones para garantizar un trabajo digno y decente a las mexicanas, dije el gobierno federal, están las asesorías a centros de trabajo de los sectores público y privado para la implementación de prácticas de igualdad laboral y para la certificación de empresas en la norma de igualdad de género NMX-R-025-SCFI-2012.
 
Pero investigadoras del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM han denunciado que 90 por ciento de las trabajadoras padece acoso sexual y hostigamiento en sus centros laborales.
 
Además, las mujeres que ingresan al mercado de trabajo sufren explotación, ya que el 44.4 por ciento de quienes están en la Población Económicamente Activa trabajó de 35 a 48 horas semanales, según la encuesta de Ocupación y Empleo del Inegi.
 
En el documento presidencial también se omitió que este año expertas en violencia de género visitaron México para constatar la grave situación en el país al respecto.
 
Entre ellas, las especialistas del Comité de la CEDAW, Silvia Pimentel y Line Bareiro; la jurista internacional Alda Facio, y la relatora especial de la ONU en materia violencia contra las mujeres, Rashida Manjoo, a quienes se sumaron recientemente integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
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