Durante la presentación del Proyecto de Reconstrucción del Gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, el pasado 10 de diciembre, se mencionó que somos uno de los estados más seguros de México.
Lo mismo ha dicho el fiscal Mariano Herrán Salvati con respecto al tema: «Se ha reforzado el esquema de seguridad y se desplegaron investigaciones en distintos hechos delictivos, logrando la disminución de los índices de criminalidad…»
¿A que seguridad se refieren nuestros funcionarios? ¿Quien de ellos responde por las constantes muertes violentas de nacionales y extranjeros?
Estas declaraciones contrastan con los constantes hechos violentos que vivimos en la frontera sur de México. Según un monitoreo en prensa local -Diario del Sur y El Orbe- realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, sólo de enero a septiembre del 2005 se registraron 354 sucesos violentos que involucran a migrantes.
En 24 casos hubo asaltos, riñas o ajustes de cuentas realizados con arma de fuego o arma blanca, de los cuales 19 tuvieron como consecuencia la muerte; sucedieron además 30 accidentes en el tren que resultaron en la muerte de trece personas, mientras las demás sufrieron amputaciones en alguno de sus miembros.
También se registraron 23 accidentes diversos en los cuales tres personas fallecieron y 20 resultaron lesionadas; asimismo, se rescató a 253 hombres y mujeres que pudieron asfixiarse al viajar en el tren, en autobuses y en tráilers de doble fondo.
Hubo 24 migrantes más que fallecieron: diez por inmersión, cuatro por congestión alcohólica, tres en accidentes automovilísticos y siete por motivos diversos. De los 56 migrantes que murieron, 48 eran hombres y nueve mujeres; 25 eran guatemaltecos, 13 eran hondureños, seis eran salvadoreños y 12 no pudieron ser identificados.
Como organización civil ocupada de la defensa de los derechos humanos en Chiapas, nos preocupa que estos sucesos formen parte del panorama diario en la región del Soconusco sin que las autoridades lo reconozcan en sus discursos oficiales. Con este clima de inseguridad y violencia, tanto la población en general como los migrantes vivimos en constante zozobra: un tema que parece invisible a los ojos del gobierno estatal.
* Coordinadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova. Tapachula, Chiapas.
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