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Seis años de abuso a las mujeres

Por Lourdes Godínez Leal

Terminó un sexenio más y con él la esperanza de las madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua, luego de seis años de espera para que el gobierno cumpliera su promesa de terminar con la impunidad. Todo quedó en intento, a Fox se le fue de las manos, como Atenco, Chiapas, Oaxaca?

La administración de este gobierno conservador, caracterizado por minimizar el tema de la violencia contra las mujeres, no pudo aclarar y mucho menos hacer justicia a las madres de las víctimas de Juárez, asesinatos que son sólo un reflejo de la violencia que ocurre en toda la República mexicana, pues hay estados cuyas cifras superan las de Juárez, según el diagnóstico realizado por la Comisión Especial de Feminicidio, presidido por la feminista Marcela Lagarde.

Pero Juárez se ha convertido en un caso emblemático de la violencia contra las mujeres y, como la misma Lagarde señala, es sólo la punta del iceberg de un fenómeno que, si bien ha empezado a tener resonancia, no ha logrado penetrar en la conciencia del Estado.

Instituciones para atender el caso no faltaron, pero sí resultados. Actualmente trabajan en la investigación del feminicidio en Juárez la Procuraduría de Chihuahua la Fiscalía Especial para los casos de Juárez (que depende de la Procuraduría de Chihuahua), una fiscalía mixta en donde hay autoridades federales y locales y la Fiscalía Especial para Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (Fevim).

De acuerdo a Guadalupe Morfín Otero, comisionada para prevenir y erradicar la violencia en Ciudad Juárez y quien recientemente presentó su tercer y último informe de gestión, después de 13 años, 160 personas han sido detenidas y se encuentran compurgando una sentencia firme condenatoria, alrededor de 70 están en espera de sentencia, 15 casos fueron archivados porque el homicida se suicidó, 16 fueron turnados al tribunal de menores y hay 140 averiguaciones previas integrándose.

Hasta ahora, las cifras oficiales de la Procuraduría de Justicia estatal, documentan 400 asesinatos de mujeres en los últimos 13 años y con la entrada en escena del equipo argentino de antropología forense se han podido identificar a 14 mujeres (cifras hasta marzo de 2006).

No obstante, pese a los avances, la impunidad prevalece, al menos es el sentir de las organizaciones civiles y de familiares de víctimas que continúan alzando la voz con una sola exigencia: nombre y castigo de funcionarios que por omisión o negligencia no atendieron el fenómeno del feminicidio y que permitieron que se multiplicara.

Y según la comisionada reconoció en su informe, “se hizo lo que se pudo y erradicar la violencia en esta ciudad fronteriza no estuvo en sus manos”.

ATENCO, UN PUNTO MÁS A LA IMPUNIDAD

Otra forma de violencia hacia las mujeres es la tortura o violación sexual. Ese fue un escenario recurrente en el sexenio. Cuenta de ello pueden dar las 23 mujeres que fueron detenidas en mayo pasado cuando elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) irrumpieron en el poblado de San Salvador Atenco y Texcoco con la “supuesta” consigna de desalojar a los floristas que se encontraban apostados en una de las principales carreteras en protesta porque no los dejaron vender su mercancía en el mercado del poblado.

Sin embargo este desalojo culminó con allanamiento a casas, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos de esta población, así como violaciones y abusos sexuales a mujeres que, además, fueron detenidas acusadas de ataque a las vías de comunicación y secuestro equiparado.

Hoy, a seis meses del operativo y al fin del sexenio, Fox tampoco tuvo la capacidad ni la más mínima intención de resolver este pendiente. Lo que quedó en evidencia nuevamente, como en Juárez, fue el desprecio por la vida y la dignidad de las mujeres que fueron humilladas, golpeadas y violadas por elementos del Estado, por el simple hecho de ser mujeres.

Las 47 mujeres que fueron detenidas en el operativo continúan esperando una justicia que parece no llegar y no escucharlas: 23 mujeres fueron agredidas sexualmente y siete continúan en prisión con procesos jurídicos lentos y burocráticos, a decir de Juan de Dios Hernández Monge, uno de los abogados de las y los detenidos que suman en total 31 y que se encuentran recluidos en el penal de Santiaguito y la Palma.

Hoy que concluye un sexenio que no escuchó las recomendaciones internacionales, que hizo caso omiso de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales que ha signado y ratificado para combatir, prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres como la CEDAW y la Belém Do Pará, pero que en nuestro país continúan siendo letra muerta.

Los informes presentados por organismos de derechos humanos internacionales y nacionales y de ONG no fueron suficientes para rebatir lo dicho por funcionarios del Estado de México y federales “las mujeres inventan, exageran”, que los policías no incurrieron en esos ilícitos que dicen las mujeres, pero que les dejaron, según ha constatado el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), a través del Protocolo de Estambul, graves secuelas psicológicas, estrés postraumático, insomnio, ansiedad y por supuesto, infecciones vaginales.

Casos como el de Juárez, Atenco y el de Castaños, en Coahuila (en donde 13 mujeres fueron violadas por militares) que se sumó recientemente a la lista negra de esta administración, engrosarán la fila de una deuda de justicia pendiente para las mujeres como las tzeltales violadas por militares, en Chiapas en 1994, o las dos indígenas tlapanecas violadas también por militares en 1992, o la mujer que fue agredida por 8 soldados en Barranca Bejuco, en Guerrero, que hasta la fecha siguen esperando justicia.

06/LGL/GG

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