Organizaciones civiles advierten que mientras no se resuelva el problema estructural de la minería del carbón en el estado de Coahuila (con el cierre de pozos y la garantía de seguridad), aumentarán las muertes de trabajadores y, en consecuencia, el número de familias desprotegidas que sólo reciben promesas del gobierno estatal.
El caso más reciente es el de las viudas y familiares de los 15 mineros fallecidos en cuatro yacimientos de la región en las últimas semanas. «Las autoridades (locales) ya se acercaron a ellas para prometerles becas para sus hijos, casas, y nunca cumplen», informó a Cimacnoticias Cristina Auerbach, integrante de la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC).
La activista aseguró que el interés gubernamental por apoyar a las y los deudos de los trabajadores del carbón «es sólo una simulación momentánea», pues se queda en «promesas que nunca se cumplen».
Por ejemplo, en 2006 el gobierno de Coahuila entregó becas a las y los hijos de los 65 mineros fallecidos en la explosión de la mina Pasta de Conchos ocurrida en febrero de ese año, hasta que concluyeran sus estudios, pero hace tres años se las retiraron.
Cinco años después, las autoridades del estado se acercaron a Raquel Salinas, viuda del minero Juan Francisco Rodríguez Piedra, quien murió en la mina VII el 26 de marzo de 2011. A ella le ofrecieron una beca para su hijo, que le entregaron sólo durante cinco meses.
El gobierno local también le prometió que le condonarían el pago de su crédito de vivienda, pero a más de un año de los hechos «todavía no lo hacen».
Por lo anterior, Auerbach, integrante de la OFPC y de Equipo Nacional de Pastoral Laboral, señaló que en el caso de las viudas y familiares de los 15 mineros recién fallecidos, les espera un escenario semejante al padecido por las y los deudos de trabajadores del carbón, pues «el actuar de las autoridades y las empresas es el mismo».
Actualmente, las familias que inician su duelo reciben el salario que percibían los trabajadores, alrededor de mil 500 pesos semanales. De acuerdo con la activista, la mayoría de los carboneros tenía esposa, hijas e hijos.
A las viudas les prometieron, como en los casos anteriores, una indemnización conforme a la ley, pero los empleadores suelen pagarles «como si el trabajador hubiera sido despedido injustificadamente, y no en función de los años de vida que perdió al morir por falta de condiciones de seguridad en su centro de trabajo».
El trámite de la pensión e indemnización económica tarda en promedio un año en resolverse. «Estos casos tardan y las autoridades terminan abandonando a las familias», refirió la defensora de Derechos Humanos, quien desde 2006 ha brindado acompañamiento a las y los deudos de mineros caídos en la región.
Cristina Auerbach condenó la desprotección a las decenas de familias que quedaron solas tras la muerte de más de 80 trabajadores fallecidos en minas de carbón, tan sólo en la administración del panista Felipe Calderón.
Los últimos decesos comenzaron el pasado 20 de julio cuando murió un trabajador en la mina Cloete y otro más en la Agujita; cinco días después fallecieron siete carboneros en el pozo Minera El Progreso, y el pasado 4 de agosto se sumaron seis decesos más ocurridos en la mina VII Saltillito.
La defensora informó que tras el siniestro en la mina VII, la Dirección General de Minas ordenó la suspensión de actividades en el yacimiento, y se presentó en la región para realizar una inspección, que por primera vez, fue guiada por trabajadores elegidos por los mineros de la región.
La inspección se realizó ayer desde las 4 de la tarde y terminó a la media noche de este miércoles. Mientras, los carboneros que laboran en esa mina se mantienen en paro para demandar que se investiguen las causas por las que fallecieron sus compañeros, y exigir que las autoridades les garanticen condiciones mínimas de seguridad.
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