Ante la ola de violencia por la guerra contra el narcotráfico que ha dejado más de 60 mil muertos en este sexenio, y por la presión de grupos civiles y familiares, el pleno del Senado aprobó hoy la Ley General de Víctimas a fin de garantizarles justicia y la reparación del daño.
A unos días de que termine el periodo de sesiones del Congreso de la Unión y en medio de aplausos y frases como «sí se pudo», las y los senadores aprobaron por unanimidad la expedición de esta norma que brinda a las víctimas mayor protección, reparación integral, ayuda humanitaria y asesoría jurídica, entre otros puntos.
La iniciativa aprobada contiene los principios para la protección, ayuda y reparación integral de las víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos (DH), crea un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y una Comisión Ejecutiva conformada por especialistas en el tema.
Durante la discusión del dictamen y a petición del senador del PRD Carlos Sotelo, el pleno guardó un minuto de silenció en señal de luto por los cerca de 66 mil muertos, la desaparición de más de 10 mil personas y el desplazamiento de 160 mil mexicanas y mexicanos, como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón en diciembre de 2006.
La Ley General de Víctimas se aprobó finalmente luego de que en junio del año pasado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, reveló con nombres y apellidos la magnitud de la tragedia de las víctimas de la violencia.
En junio de 2011 decenas de familias se reunieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, para trabajar por una ley que diera justicia a las víctimas directas e indirectas de la violencia de las bandas criminales y del Estado.
Las comisiones unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda elaboraron la iniciativa y también plantearon la creación de un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para los gastos que surjan en cada caso de atención a víctimas.
En presencia de defensores de DH e integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, las y los legisladores hablaron a favor del dictamen y destacaron la labor de las organizaciones civiles que estuvieron al pendiente de la redacción y posterior aprobación de este nuevo marco normativo.
El también senador del PRD Pablo Gómez indicó que con esta ley se amplía el marco para la protección y defensa de las mujeres víctimas de violencia, y afirmó que hay un número de agraviadas mucho más elevado de lo que dan cuenta los registros penales.
El legislador destacó que de acuerdo con la feminista y ex diputada federal Marcela Lagarde, las estadísticas de violencia contra las mujeres son «de tanteo» porque la mayoría en algún momento de su vida ha sufrido violencia física o moral.
Agregó que con la nueva legislación se hace frente a las normas que reproducen la violencia, como las de orden policiaco cuya tendencia es aumentar las penas como forma de combatir los delitos.
Cabe recordar que el pasado 28 de julio y luego de recorrer las entidades azotadas por muertos y desaparecidos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad obligó a Felipe Calderón y a un grupo de legisladores a participar en un diálogo en el Castillo de Chapultepec en esta capital, donde acordaron expedir esta ley.
El compromiso de visibilizar a las y los mexicanos víctimas de violencia y de que accedan a una reparación económica y moral finalmente avanzó en el Senado, aunque ahora falta el aval de la Cámara de Diputados.
El senador perredista Silvano Aureoles resaltó que esta ley se suma a la recién aprobada norma para defender a las y los periodistas y defensores de DH, y a la ley para proveer a las mujeres una vida libre de violencia.
Además del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, la ley aprobada prevé la creación de un Registro Nacional de Atención a Víctimas, así como del Sistema Nacional de Víctimas en el que estarán representadas organizaciones civiles y el cual deberá crearse 90 días después de que la norma entre en vigor.
Cabe aclarar que entre las instituciones que conformarán el Sistema Nacional no está contemplada la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, organismo descentralizado creado en septiembre de 2011 por decreto presidencial.
Lo anterior a pesar de que esta institución fue creada para dar respuesta a las organizaciones civiles y fuera el ente encargado de prevenir y promover la investigación de los casos de víctimas u ofendidos del delito.
12/AGM/RMB/LGL
