Al cumplirse tres años de la detención de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, mujeres indígenas acusadas falsamente de haber secuestrado a seis agentes federales de investigación (afis) durante hechos ocurridos en la comunidad Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro y Fray Jacobo Daciano, que han asumido la defensa de la primera y que continúan con las acciones necesarias para que se le restituya su libertad, demandan a las autoridades involucradas actúen con prontitud para reconocer su inocencia y restituirle su libertad.
Desde que se hizo público el caso, señalan las organizaciones en un comunicado, han sido numerosas las muestras de solidaridad así como la exigencia de poner un alto a los abusos de las autoridades y corregir las aberraciones del sistema de justicia.
También diversas instancias públicas han expresado su preocupación al respecto, entre ellas el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Consideramos, agregan, que la recomendación de esta última, del pasado 19 de julio, en la que reconoce la violación a los derechos humanos de Jacinta, Teresa y Alberta, confirma su inocencia.
Los hechos que dieron origen a la falsa acusación, la detención y la injusta sentencia de las tres mujeres acontecieron el 26 de marzo de 2006, cuando los comerciantes del tianguis de Santiago Mexquititlán, muchos de ellos dedicados al comercio informal en parte debido a los efectos adversos de la política económica para los sectores más vulnerables de nuestro país, se opusieron al despojo que hicieron de su mercancía –sin identificarse ni exhibir la orden que sustentara su proceder– los agentes de la extinta
Agencia Federal de Investigación.
Los centros de derechos humanos señalan en su comunicado que están convencidos de la inocencia de Jacinta Francisco Marcial, como quedó plenamente corroborada durante el desahogo de pruebas realizado en mayo del presente año en la ciudad de Querétaro.
Sin embargo, aseguran que, a pesar de que ella no participó en los reclamos de los pobladores afectados por la irrupción de los agentes policiales, su caso forma parte de un patrón de actuación de las autoridades consistente en usar el sistema de justicia -cuyas deficiencias afectan más a quienes son ya discriminados por su condición económica, étnica o de género– como instrumento para disuadir o castigar a colectivos que en la exigencia de sus derechos se oponen a los abusos de la autoridad.
Reiteramos, con motivo de este tercer aniversario de su encarcelamiento, que es ya tiempo de poner fin a los abusos cometidos contra las tres mujeres indígenas concluyendo su caso con una sentencia absolutoria a fin de que recuperen su libertad.
Confiamos en que así será, dicen las OSC, pero llamamos a la sociedad a mantener la atención en el caso y a exigir de las autoridades una actuación guiada por el más estricto respeto a los derechos humanos.
09/GG
