Inicio Sentencian a uno de los asesinos de Nadia Alejandra a 42 años de cárcel

Sentencian a uno de los asesinos de Nadia Alejandra a 42 años de cárcel

Por Guadalupe Cruz Jaimes

A más de cinco años de litigio y de “graves” anomalías en la investigación del feminicidio de Nadia Alejandra, uno de los dos asesinos, Isidro López Gutiérrez, alias “Matute”, fue hallado culpable de la muerte de la joven y condenado a 42 años de prisión por el delito de homicidio doloso con todas las agravantes, mientras que su cómplice, Bernardo López, se encuentra prófugo. Así lo dictaminó el viernes pasado Felipe Landeros Herrera, Juez Tercero de lo Penal en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Nadia, de 24 años de edad, fue asesinada por su esposo, Bernardo López Gutiérrez, y su cuñado, Isidro, apodado “Matute”, según los testimonios de los hijos mayores de Nadia y Bernardo, César y Andrés, de nueve y diez años de edad, quienes junto con su hermana de siete años presenciaron el crimen registrado el 12 de febrero de 2004 en el municipio mexiquense de Villa Nicolás Romero.

De acuerdo con las declaraciones de los niños –quienes en ocasión del crimen tenían cuatro y cinco años de edad– ampliadas en distintas ocasiones durante la averiguación que se cerró el pasado 8 de septiembre, los hermanos Bernardo e Isidro López Gutiérrez golpearon a Nadia, la introdujeron a la cisterna, enredaron una soga a su cuello y la colgaron de una viga en el baño de su casa, simulando un suicidio.

Días después del feminicidio, María Antonia Márquez, madre de la joven, declaró junto con sus nietos ante la autoridad ministerial la causa del deceso de su hija, así como los antecedentes de violencia que Nadia Alejandra sufrió en vida a manos de Bernardo.

La primera vez que María Antonia llegó ante las autoridades mexiquenses fue en mayo de 2003, cuando acompañó a su hija (Nadia) a levantar un acta por agresiones y secuestro, en Atizapán, Estado de México, contra Bernardo López, quien una semana antes de la denuncia privó a Nadia de su libertad y la sometió a fuertes golpizas durante ocho días, recuerda la señora Márquez.

Después de este hecho, Nadia migró con su hija e hijos a Puebla, donde permaneció dos meses. A su regreso, Bernardo la convenció de volver con él y, pese a que la violencia en su contra aumentó por parte del que fue su cónyuge, ella se quedó a su lado por temor a que él asesinara a alguno de sus hijos, amenaza constante con la que vivió la joven los últimos años de su vida, relató María Antonia.

A más de cinco años de litigio y de diversas irregularidades en la investigación del caso, Landeros Herrera sentenció a Isidro López, inculpado desde 2007; sin embargo, Bernardo sigue prófugo desde el crimen sin que las autoridades mexiquenses indaguen sobre su paradero.

El asesinato de Nadia forma parte de las decenas de crímenes que se cometen en contra de mujeres en el Estado de México, considerada la entidad con mayor número de homicidios contra mujeres y niñas en el país.

Sólo de agosto a diciembre de 2008 ocurrieron en esa entidad 94 crímenes de ese tipo, según el informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) titulado Una mirada al feminicidio en México.

La mayoría de las mujeres asesinadas tenía entre 21 y 40 años de edad, y alrededor de un cuarta parte del total falleció a manos de sus parejas íntimas. Los datos refieren que seis de cada diez homicidios de mujeres ocurrieron en sus viviendas.

Las coincidencias entre el caso de Nadia y otros hechos de violencia feminicida en el país no sólo tienen que ver con el lugar donde acaecieron los asesinatos y el vínculo que las víctimas mantenían con el agresor; también tienen en común las “anomalías” que ocurrieron durante la investigación, señaló en entrevista David Peña, asesor jurídico de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Las irregularidades se iniciaron desde que se levantó el cuerpo de Nadia, ya que las autoridades periciales “extraviaron” la soga con la que la joven fue asesinada a pesar de que este elemento era un “indicio fundamental que debía preservarse hasta la conclusión” del caso, indicó Noé Guillén, perito en criminalística, quien realizó el dictamen por el cual las autoridades mexiquenses consignaron la averiguación previa por el homicidio contra Nadia en febrero de 2005.

Para David Peña, quien junto con la abogada Karla Michel Salas llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tres de los ocho casos de feminicidio del Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, la pérdida de elementos físicos no es accidental; por el contrario, representa la posibilidad de que, sin pruebas, se pueda construir una nueva versión de los hechos que favorezca a los inculpados.

Además, entre las anomalías destaca el que los peritos y el personal del Ministerio Público no sellaron el lugar de los hechos, lo que permitió que, días después del homicidio, familiares de Bernardo e Isidro quemaran lo que había en la casa de Nadia, lavaran la cisterna e, incluso, le colocaran una tapa nueva.

Los reportes y las declaraciones de los peritos difirieron en relación con la hora en la que llegaron al domicilio de la joven y el tiempo que llevaba sin vida. Asimismo, las autoridades del MP se negaron a analizar una camisa manchada de sangre que fue extraída de la casa de la joven, esgrimiendo razones de higiene.

Por esta razón, Antonia Márquez interpuso una demanda el pasado 5 de febrero ante la Mesa de Responsabilidades de Tlalnepantla, Estado de México, contra quien resulte responsable de las anomalías cometidas durante la investigación.

David Peña concluyó que las “graves” irregularidades en el caso de Nadia Alejandra son frecuentes en las investigaciones de feminicidio en el país, ya que las autoridades “pretenden mantener en la impunidad los asesinatos de mujeres, a los que no se les da importancia; no se analizan sus implicaciones sociales y políticas, y no sólo se consideran un homicidio más, sino que además responsabilizan de los hechos a la propia víctima”.

09/GCJ/YT/LGL

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