El Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan» comenzó el festejo de su 16 aniversario con la esperanza de que las próximas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú muestren la situación real de los derechos humanos en México.
Los casos de estas indígenas tlapanecas del estado de Guerrero que en 2002 fueron violadas por militares, reflejan que el Estado mexicano viola los derechos humanos de los pueblos indígenas, así lo manifestó, Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan y quien esta mañana dio la bienvenida a los participantes del encuentro conmemorativo que celebra el aniversario de esta organización de la sociedad civil.
Mencionó que durante los dos días de actividades, no sólo se busca evidenciar las violaciones a los derechos humanos, también es para ver los rostros, escuchar las historias y tomar ejemplo de quienes han construido el camino de la justicia y de la libertad.
Precisó que otro de sus objetivos es exigir la libertad inmediata de Raúl Hernández Abundio, indígena y activista tlapaneco que fue encarcelado por su actividad en defensa de los derechos humanos.
Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la Casa Católica de esta localidad, se dieron cita integrantes de organizaciones provenientes de diversas comunidades del estado y de agrupaciones nacionales e internacionales, que durante largo tiempo han alzado la voz contra lo que llamaron «un gobierno represor e impune que tiene a violadores de derechos humanos en las dependencias de la administración pública».
Pese a esta situación Barrera Hernández hizo un llamado a la unidad porque, aunque dijo que «estamos en la noche negra de la impunidad y la corrupción, siempre tendremos la esperanza de que ésta pueda ser de otro color».
MUJERES QUE MOTIVAN
Como parte de la reflexión de los pueblos indígenas que acompañan a Tlachinollan, se organizó el Foro «Luchar para construir el amanecer de la justicia», donde Inés y Valentina hablaron sobre los ocho años que han esperado para poder alcanzar justicia, ya que fueron violadas en 2002 pero fue hasta el 15 de abril y el 27 de mayo de 2010, respectivamente, que pudieron presentar sus casos ante la CoIDH.
«Si no estamos unidos y alzamos la voz, las mujeres siempre vamos a seguir siendo maltratadas», afirmó Valentina, quien reiteró que estos años de pesadillas e intranquilidad tienen un fin: castigo a los culpables y reparación del daño.
Por tal razón, invitó a las mujeres a «romper la cadena del sufrimiento y el dolor», Dijo que aunque hechos como los que le sucedieron no se borran, «porque todo se queda», hay que seguir adelante.
Por su parte Inés se mostró más reservada y sólo recordó que la justicia para una mujer indígena no es fácil. Con la ayuda de un traductor mencionó que a partir de lo que le sucedió su vida cambió abruptamente y después se agravó por la impunidad en la que el Estado mexicano mantuvo su caso.
Después de que los asistentes escucharon los testimonios, las muestras de solidarias no se hicieron esperar. A decir de los activistas, los casos de Inés y Valentina son una motivación para exigir justicia. Además indicaron que el sistema de justicia militar es un velo de impunidad necesario de revertir para que casos como estos no se repitan.
Asimismo coincidieron en que este año será relevante para estas mujeres indígenas –que ya son ejemplo en Latinoamérica- pues es probable que la sentencia que el máximo tribunal internacional emita en los próximos meses, condene al Estado mexicano por la falta de un debido proceso, violar la integridad física de una persona y por la falta de efectividad en los servicios de salud.
Las y los defensores de derechos humanos esperan que la condena exhorte al Estado mexicano a una reparación del daño integral; y que lo inste a reformar las leyes nacionales para que los elementos castrenses no sean juez y parte de las investigaciones interpuestas en su contra, algo que -consideraron-pondrá a México en una «situación complicada».
10/AGM/LGL
