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Separar a la mujer de su agresor puede salvarle la vida

Por Adriana Rodríguez

La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia contempla la urgente necesidad de decretar una inmediata separación física y real de la mujer víctima de violencia de su presunto agresor, con el fin de que su integridad física y su vida puedan salvarse.

“Esa separación de cuerpos es, y debe ser, sin lugar a dudas, el vértice estratégico e inicial que permitirá de manera eficaz ejercer el valor supremo de la jurisprudencia social, es decir, la protección de la vida, la integridad de la mujer ofendida”, afirmó la maestra María Antonieta Magallón, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La medida, que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer, está descrita en la Ley, dijo Magallón durante su participación en una mesa de análisis donde se discutió acerca del acceso de las mujeres a la justicia, organizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM en días pasados.

El Artículo 27 de la Ley, explicó la maestra Magallón, concede a la víctima una presunción. Esto implica que de la simple narración de los hechos que se denuncian ante la jurisdicción y de las cuales surja la mera probabilidad de que sea constitutivo de infracción o de delitos que impliquen la violencia contra las mujeres, el juzgado, sin audiencia de parte, deberá girar todas las órdenes pertinentes para la protección de la presunta víctima, entre ellas, la salida del agresor del domicilio en el que habita el grupo familiar.

Además, según el Artículo 28, las órdenes de protección de emergencia y preventivas deben expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los probables hechos que impliquen violencia contra las mujeres y el agresor deberá de abandonar el domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble en que se encuentre.

Sin embargo, indicó, “solamente rendirá frutos dicha legislación federal cuando pueda ser aplicada” y entonces puedan cumplirse las medidas que dictan los artículos 27 y 28 de dicho que resguardan la vida e integridad de muchas mujeres.

LA LEY Y EL LIMBO

Por su parte, la maestra Gabriela Rodríguez, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) se mostró escéptica sobre la posibilidad de aplicar una ley general a todo el territorio nacional, sin reconocer diferencias entre la federación, las entidades federativas y los municipios.

Dijo que las leyes generales se encuentran en el limbo jurídico, que en realidad coordinan pero no obligan.

“Esta ley pretende, por ejemplo, que las entidades federativas en materia de derecho a la vida establezca como una agravante de la privación a la vida que ésta se haya dado por cuestiones de género, lo que me parece un poco difícil de probar, además de que resulta contradictorio con el principio de igualdad”.

Rodríguez cree que el acceso a la justicia no es un problema privativo de las mujeres o ciertos grupos, sino que se trata de una cuestión generalizada, pues “el actual sistema de justicia es de ricos”.

AGRESORES

Los estudios realizados a nivel internacional han encontrado que en alrededor del 90 por ciento de los casos de violencia familiar, el agresor es varón y 87 por ciento las víctimas son mujeres.

Entre uno y dos tercios de las víctimas tienen 15 años o menos, según informes de centros de justicia para casos de violación en México, Chile, Perú, Malasia, Panamá, Papua y Estados Unidos.

La Encuesta Nacional de sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003 da a conocer que las entidades donde las mujeres se sienten más amenazadas son el Distrito Federal y Jalisco y reporta que 46 por ciento de las mujeres sufrió algún tipo de violencia.

Según un estudio realizado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Comisión Nacional de Población (Conapo), en el distrito Federal se registraron quince, catorce y trece violaciones por cada 100 mil habitantes en 2003, 2004 y 2005, respectivamente, siendo Xochimilco, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Coyoacán y Tláhuac las entidades con mayor número de casos.

07/AR/GG

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