Por desconocimiento de la ley y falta de capacitación, personal de los servicios públicos de salud discriminan a las centroamericanas sin documentos migratorios, que requieren atención sanitaria en la capital del país.
Joselin Barja, integrante del área de Acompañamiento Psicosocial de la organización Sin Fronteras, dijo a Cimacnoticias que en el Distrito Federal todavía se deben "romper barreras" para garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos (DH) de las y los migrantes.
Explicó que una de estas barreras es la falta de información y capacitación del personal público de salud, el cual aún considera ilegal atender a personas que carecen de un documento migratorio para vivir en esta ciudad.
De acuerdo con el artículo 27 de la nueva Ley de Migración, vigente desde el 25 de mayo de 2011, a la Secretaría de Salud federal le corresponde "promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de gobierno que, la prestación de servicios de salud que se otorgue a los extranjeros, se brinde sin importar su situación migratoria".
Al respecto, Barja añadió que se trata de un problema de desinformación de los servidores públicos, quienes ignoran que están obligados a atender a la población extranjera. Este problema se repite entre la mayoría de las migrantes, pues desconocen que sin importar su situación migratoria pueden acceder a este derecho.
"Muchas (migrantes) llegan con poca información y asumen que por ser extranjeras pierden derechos", observó Barja.
La integrante de Sin Fronteras apuntó que se requieren "campañas amplias" para difundir los derechos de las y los migrantes dirigidas a esta población, así como a funcionarios y la sociedad en general.
También precisó que las campañas informativas abonarían a abatir "la discriminación" contra las y los migrantes derivada de prejuicios sociales, como la idea de que las personas extranjeras "vienen a quitar empleos".
TRABAS BUROCRÁTICAS
Otro obstáculo para las migrantes centroamericanas es que para obtener el permiso de estancia legal deben probar ante el Instituto Nacional de Migración (INM) que tienen una oferta de trabajo formal, o que pueden realizar una actividad lucrativa de manera independiente.
Joselin Barja explicó que ese requisito es casi imposible de cumplir para la mayoría de las migrantes centroamericanas que residen en el DF, ya que ellas se ocupan en el empleo doméstico, atendiendo pequeños negocios o se dedican a la venta de productos por catálogo.
En consecuencia, para obtener el documento de estancia legal, las migrantes deben demostrar que "tienen un hijo nacido en el país o que su pareja sea mexicana". Así obtienen el papel, pero como dependientes económicas de sus parejas y por tanto no tienen autorización de trabajar.
El trámite del documento cuesta 3 mil pesos, cantidad que para muchas es difícil de costear, sobre todo cuando tienen que legalizar también la residencia de sus hijas e hijos. "A veces les dan la autorización de estancia, pero no tienen dinero para costear el documento", abundó la activista.
Según un estudio reciente de Sin Fronteras, la mitad de la población migrante que reside en esta ciudad reportó que tenía un empleo, mientras que la otra mitad dijo que apenas recibe un salario de 3 a 5 mil pesos al mes.
De acuerdo con la atención que brinda Sin Fronteras a la población migrante, Barja informó que la mayoría de las extranjeras que viven en el DF son centroamericanas, muchas de ellas hondureñas, guatemaltecas y salvadoreñas.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que el número de personas nacidas en otro país que residían en la Ciudad de México en 2000 era de 56 mil 187, de las cuales 29 mil 162 eran mujeres. Para 2010 esta población creció a 71 mil 691 personas, 37 mil 278 de ellas son mujeres.
Las migrantes centroamericanas llegan a esta ciudad en busca de la reunificación familiar, apuntó Barja. "Las mujeres que se quedan en el DF viajan porque su pareja es mexicana y vive aquí, algunas llegan a casarse o hicieron familia en otro país y se reunifican aquí. La mitad de ellas viaja acompañada de sus hijas e hijos", refirió.
Aunque ?aclaró? también hay casos de mujeres refugiadas que huyeron de sus países porque su vida o su libertad estaban en riesgo, ya que el Estado no las protegía o incluso las perseguía.
Abundó que estas mujeres suelen viajar solas y de manera forzada, por lo que su llegada a México no siempre es elegida. Tienen menos redes de apoyo, y tardan más tiempo en adaptarse a la cultura del país, sobre todo las originarias de África o Asia.
Joselin Barja refirió que la tercera parte de la población general que atiende Sin Fronteras en el DF son personas refugiadas por motivo de raza, género, opinión política o de religión, y de las cuales la mitad son mujeres.
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