La violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los problemas más graves de salud y de derechos humanos en América Latina (AL) y el Caribe, a pesar de que la mayoría de los países de la región cuenta con un marco jurídico para intentar sancionar y prevenir ese flagelo.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Mirta Roses, advirtió que la mayoría de las naciones en AL y el Caribe han avanzado en el diseño de políticas públicas para combatir la violencia de género, pero que persisten «severas limitaciones» en el contenido, alcance y arreglos institucionales para asegurar su efectividad.
Durante una reunión de trabajo en el Senado de la República con legisladoras, funcionarias y representantes de la sociedad civil, Roses expuso que 16 países de la región cuentan con planes y programas locales y nacionales sobre violencia contra las mujeres; y que la mayoría tiene un marco legal para atender la violencia intrafamiliar, y en «menor medida» el hostigamiento sexual.
La sesión de trabajo forma parte de las actividades por el Día Internacional por la No Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.
La directora de la OPS indicó que tales acciones de los gobiernos se desprenden de los compromisos que han asumido a nivel internacional y regional para enfrentar la violencia de género, tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), y la Convención Interamericana de Belém do Pará.
Puso como ejemplo que tan sólo en Santiago, capital de Chile, 50.3 por ciento de las mujeres ha padecido violencia en su relación de pareja, mientras que en Perú y Colombia, según encuestas demográficas y de salud, 41.2 y 41.1 por ciento de las mujeres, respectivamente, han sufrido violencia intrafamiliar.
Cabe señalar que en México, de acuerdo con cifras oficiales, 5 de cada 10 mujeres reconoce que sufre violencia a manos de su pareja, por lo que nuestro país tiene uno de los más altos índices de agresiones contra la población femenina de la región.
Mirta Roses observó que para ser efectivas, las legislaciones y políticas públicas locales contra la violencia de género deben contemplar claramente las definiciones y tipos de violencia contra las mujeres; la atención integral a las víctimas; sanciones específicas para agresores; capacitación de personal; y presupuesto etiquetado, entre otros aspectos.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado, Aracely Escalante, manifestó su alarma ante el «desalentador» panorama de violencia contra las mujeres que prevalece en México y el mundo. Por ello, urgió a crear programas e iniciativas hacia la erradicación de la violencia de género.
En ese tenor, la priísta adelantó que el próximo jueves presentará ante el pleno del Senado una iniciativa de Ley General que crea el Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.
2004/RM/LR
