El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba) denunció que en los seis años del gobierno de Felipe Calderón se usó el tema de la seguridad y del desarrollo para despojar a las comunidades indígenas de sus tierras y avalar las violaciones a Derechos Humanos (DH) en Chiapas.
En su informe 2006-2012 “Entre la política sistémica y las alternativas de vida” sobre la situación de los DH en aquella entidad, el Centro Frayba señaló que en el sexenio pasado los proyectos trasnacionales permitieron que las empresas explotadoras de recursos naturales despojaran a indígenas y campesinos de sus tierras.
Aunado a lo anterior estos defensores afirman que aunque hay proyectos que las comunidades indígenas rechazan en la actualidad son avalados por el gobierno de Enrique Peña Nieto quien ensalzó como compromiso de campaña la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, un proyecto que piden, sea cancelado.
El Centro Frayba afirmó que los proyectos para crear complejos turísticos, construir nuevas autopistas, carreteras y caminos así como fomentar el uso de biocombustibles o crear viviendas de carácter social han estado acompañados de amenazas y hostigamiento contra las comunidades indígenas que se oponen a estas obras.
Por ejemplo, habitantes tzotziles de la localidad de Mitzitón, en Chiapas, han sido amenazados y víctimas de agresiones físicas, enfrentamientos que han llegado al grado de dejar una persona muerta y varias heridas; pero además las personas defensoras también viven hostigamiento judicial y detenciones arbitrarias.
La comunidad Mitzitón junto con otras comunidades de los municipios de Tumbalá, Salto de Agua, Ocosingo y Chilón, han manifestado su rechazo a la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque por considerar que esta obra viola el derecho al territorio de los pueblos choles, tzeltales y tzotziles.
En este contexto el Centro Frayba señaló que el ex gobernador de la entidad Juan Sabines utilizó el hostigamiento judicial para crear divisiones internas en las agrupaciones indígenas y la procuración de justicia y los medios de comunicación para criminalizar la resistencia de los pueblos.
En este contexto esta agrupación civil sostuvo que las nuevas políticas que tienden a mercantilizar los recursos naturales de los territorios donde viven los pueblos indígenas en Chiapas, forman parte de una lógica en la que el Estado no quiere reconocer los derechos de las comunidades originarias.
Además señalaron que la estrategia de seguridad nacional y de combate a la delincuencia organizada implementada en el sexenio anterior fue el argumento del Estado para no respetar los DH y evadir sus responsabilidades en la materia, lo que limitó el trabajo de las y los activistas, que además fueron blanco de múltiples amenazas.
Ante esto el Centro Frayba afirmó que el Estado debería garantizar la defensa del territorio de los pueblos indígenas, así como de los recursos naturales toda vez que su obligación es promover, respetar y garantizar los DH y del medio ambiente.
13/AGM/LGL
Sexenio de Calderón: el despojo a las comunidades indígenas
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