Tras el amparo que le fue otorgado a Jorge Serrano Limón, ex presidente del grupo Provida, para evitar el pago de la fianza de 34 millones 237 mil 377 pesos que le fue impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por el uso indebido de recursos públicos, el subsecretario de Atención Ciudadana de esta institución, Roberto Anaya, dio a conocer que la secretaría interpuso un recurso de revisión del caso.
La finalidad de este procedimiento, explicó durante la inauguración del Centro Internacional de Estudios de Transparencia y Acceso a la Información (CETA), es acreditar el desvío de los recursos otorgados por la Secretaría de Salud -13 millones de pesos que estaban destinados a la apertura de tres centros de atención a la mujer- para revocar el amparo concedido a Serrano Limón.
Serrano Limón, además de que está obligado pagar el monto establecido por la Secretaría de la Función Pública, fue inhabilitado durante 15 años -el pasado 18 de abril- para ejercer cualquier cargo público, hecho que marcó la primera vez en México que esta institución sancionó a alguien que no fuera funcionario público local o federal.
Estos hechos tuvieron lugar luego de que seis organizaciones feministas: SIPAM, GIRE, Fundar, Letra S, Consorcio para el Diálogo Parmalentario, Equidad y Género, así como Ciudadanía, Trabajo y Familia, hicieron una auditoría ciudadana mediante la cual documentaron el desvío de recursos del erario por parte de Provida.
Así, en abril de 1994, casi un año después de que se hicieran públicas las primeras denuncias contra Provida se logró comprobar que la organización -conocida por sus vínculos con la extrema derecha mexicana y por sus lazos con instituciones similares en otros países- utilizó parte de los recursos que le fueron asignados para la compra de tangas, en un hecho escandaloso que fue denominado, en su oportunidad, como Providagate.
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