Hay muchas lecciones que aprender del asesinato del joven José Eduardo Moreira.
Se ha dicho lo obvio hasta el hartazgo: que la justicia es para los poderosos influyentes. Pero en esta ocasión nos encontramos con la oportunidad de aprender algo nuevo: las investigaciones oportunas sí funcionan en México; ésa es una buena noticia. Y me explico.
Sabemos muy bien que José Eduardo a pesar de ser funcionario público de su tío el gobernador, viajaba en una camioneta normal sin chofer o escolta. También se ha hecho público que su asistente le llamó antes de que lo asesinaran y él le confirmó el nombre del policía con el que se reuniría.
Nadie de su entorno le dijo que no fuera sólo a ver policías, nadie imaginó que alguien se atrevería a tocar al hijo de la Casta Divina de Coahuila, a pesar de las cifras de desapariciones, asesinatos y secuestros de la región.
Es decir, al hijo del ex gobernador le sucedió lo que a cientos de miles de personas; pensó que las cosas malas les suceden a «los otros», como si todas y todos no fuésemos parte de un colectivo humano que se reconoce sólo en la otredad.
Sabemos ya que unas horas después del asesinato llegó a Coahuila un grupo de trabajo con autoridades estatales y federales tras los responsables.
Participaron Victoria Pacheco, subprocuradora de la PGR; el general Luis Arturo Oliversen, jefe del Estado Mayor Presidencial de la Sedena, y el almirante José Santiago Valdés, jefe del Estado Mayor General de la Armada de México.
También el director general del Cisen, Jaime Domingo López (responsable de la Seguridad Nacional); el comisario de la SSP federal, Luis Cárdenas Palomino, y el comandante de la novena región militar, el general Noé Sandoval.
Unas horas más tarde la Fiscalía ya había interrogado a 39 policías de Acuña, donde sucedió el asesinato. Les aplicaron exámenes toxicológicos y tests psicológicos, se les interrogó sin tortura (había demasiados testigos presentes).
Veinticuatro horas después la Fiscalía nos informó que tenía certeza de un grupo policiaco que entregó al joven a Los Zetas. Tienen bajo arraigo a siete elementos, incluido Rodolfo García, el subdirector que lo citó antes de que apareciera muerto.
Ya el procurador de Coahuila, Homero Ramos, declaró que cree en la vinculación del asesinato del joven con el enfrentamiento de fuerzas policiales con la delincuencia organizada que se produjo la misma mañana, en el que asesinaron al sobrino del líder del cártel de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, (a) «Z-40». Hasta allí esto parece un capítulo de la serie CSI-México.
Mientras esta sorprendente (por su efectividad) investigación se da en el norte del país, sin duda la región más golpeada por la violencia homicida, feminicida, de secuestros y desapariciones forzadas, miles de familias coahuilenses observan con azoro e indignación.
El azoro es porque por primera vez en mucho tiempo un grupo multidisciplinario de agentes de todos los niveles (que tienen una gran desconfianza entre ellos) se unen forzando a sus pares a hacer las cosas con transparencia y efectividad.
Una fuente al interior del Cisen me reporta que todos miran a todos para que no vayan a inventarse un culpable. Esto por el perfil que tiene la familia Moreira, de la cual tanto la PF como la PGR (SIEDO) y el Cisen desconfían.
Y no son los únicos, la joven viuda de Moreira Jr. culpabiliza al gobernador de la inseguridad en el estado. Ella, según sus allegados, creyó que su esposo estaba seguro porque el gobernador les dijo que él tenía la seguridad bajo control, que eran intocables.
Pero nadie en la familia Moreira contaba con que un operativo rompiera la paz y los acuerdos de intocabilidad. Cada vez que en un operativo se asesina a probables delincuentes, los cárteles arremeten contra la sociedad, la mayoría de las veces contra inocentes sin fama ni poder.
Entre las lecciones tenemos hay dos que yo rescato: la primera es que un trabajo de investigación coordinado sí funciona si se lleva a cabo en las primeras 12 horas luego del crimen.
La segunda es que tienen razón las miles de familias de Coahuila que con indicios parecidos a los de este caso, exigen que las desapariciones, asesinatos o secuestros de sus familiares se esclarezcan, y que se utilicen las mismas estrategias que, nos demostró la autoridad, sí funcionan.
Todo México hace eco de la exigencia de las familias, también le damos la razón a la viuda: los gobernadores son responsables de la inseguridad, por omisión o complicidad, de eso no hay duda. Porque se ha reiterado: si no pueden, que renuncien, para eso les pagamos.
www.lydiacacho.net
Twitter: @Lydiacachosi
*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
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