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Si SCJN no investiga Atenco, asume versión oficial: Pro

Por la Redacción

Ante la decisión que hoy tomó el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de posponer su decisión sobre si ejercerá o no su facultad de investigación en el caso Atenco, pues no lograron ningún consenso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez afirma que la Corte debe intervenir, pues los sucesos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 han sido documentados por diversas instancias nacionales e internacionales.

La propuesta del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano de abstener a la Corte de investigar los hechos implica “adoptar la versión de las autoridades” y “niega el acceso a la justicia para quienes fueron víctimas de violaciones sus derechos humanos, dice el Centro en un boletín.

El Centro Pro comparte la posición del ministro Genaro Góngora Pimentel quien consideró que, al no ejercer la facultad de investigación en el caso, la Corte permitiría institucionalizar la venganza como motivo de actuación de los cuerpos de seguridad pública estatales.

Además, si la Corte investiga “podrá también fijar postura sobre lo que ese Tribunal considera “graves violaciones a las garantías individuales”.

Como atinadamente señaló el Ministro, afirma el boletín, sólo una investigación como la que puede encabezar la Corte tendría la independencia y rigor necesarios para analizar el caso en su conjunto y valorar la responsabilidad estatal, tomando en cuenta los criterios que guiaron el actuar de las fuerzas públicas; cuestión que hasta la fecha no ha sido esclarecida.

MOTIVOS A FAVOR Y EN CONTRA

Aguirre Anguiano argumentó, fundamentalmente, que en este caso las autoridades responsables actuaron dentro del ámbito de sus facultades y en virtud de alteraciones al orden público; que las violaciones a derechos humanos cometidas ya son investigadas en otras instancias; que en San Salvador Atenco ha sido “reestablecida la paz social”; y, finalmente, que la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría exacerbar los ánimos de los pobladores de dicho municipio.

La debilidad de esta argumentación fue evidenciada en el debate, dice el boletín.

Los ministros Góngora Pimentel, Juan Silva Meza y José Ramón Cossío Díaz, así como la ministra Olga Sánchez Cordero, mostraron en sus intervenciones que justificar la actuación de las autoridades en función de la supuesta comisión de actos ilícitos implica adoptar, de manera parcial, la versión de los hechos de las autoridades implicadas; que la investigación de los hechos por otras instancias es totalmente irrelevante puesto que el ejercicio de la facultad de investigación no exige agotar previamente recursos; y que apelar al restablecimiento del orden en Atenco y al temor de “exacerbar los ánimos” significa ponderar la aparente calma que llevan consigo el olvido y la impunidad por encima de la exigencia de justicia.

Legalmente, dice el Centro Pro, es cuestionable que se dejen de lado los elementos probatorios que acreditan la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco, para dar mayor peso a valoraciones e inferencias ajenas a la exigencia del Artículo 97 Constitucional, tales como son las menciones relativas al “restablecimiento de la paz social” en Atenco o al extraño temor manifestado de “exacerbar los ánimos”.

Debemos de recordar, dice el boletín, que en el operativo del 3 y 4 de mayo en Atenco, fueron cometidos homicidios, detenciones arbitrarias, actos de torturas, violaciones y abusos sexuales, así como atentados contra el debido proceso, como consecuencia de un uso excesivo e irracional de la fuerza pública.

“En lo individual y en lo colectivo, lo ocurrido en Atenco configura una violación a los derechos fundamentales de la mayor gravedad y hace vigente el supuesto previsto en el Artículo 97 Constitucional”.

Además, considera el Pro, “si a esto sumamos que a la fecha los responsables de las violaciones a derechos humanos no han sido sancionados; que la Secretaría de Seguridad Pública Federal rechazó las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y que las investigaciones iniciadas por las autoridades del Estado de México son conducidas con parcialidad, resulta evidente la pertinencia de una investigación dirigida por el Máximo Tribunal.

“Consideramos de especial importancia resaltar el hecho de que al resolver este caso en particular, la SCJN podrá también fijar postura sobre lo que ese Tribunal considera “graves violaciones a las garantías individuales”. Una mínima aproximación de la Suprema Corte al derecho internacional de los derechos humanos debería bastar para persuadir a sus integrantes de que tal definición no puede ser elaborada de espalda a los criterios adoptados por la comunidad internacional en la segunda mitad del siglo XX”.

“Como Centro de Derechos Humanos, exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en dicha discusión tome en cuenta lo establecido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), así como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en particular lo que señala en su artículo 5 que a la letra dice:

“No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas. Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura.”

Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la posibilidad de ejercer la facultad de atracción en el caso Atenco coloca a la Suprema Corte de Justicia ante la oportunidad de erigirse en verdadera instancia excepcional de custodia de los derechos fundamentales en un caso revestido de la mayor gravedad e importancia.

Esto significa actuar como fue previsto por el Constituyente de 1917. Al igual que buena parte de la sociedad mexicana, esperamos que los Ministros y las Ministras cumplan con tan alta y fundamental responsabilidad, concluye el boletín.

07/GG

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