Organismos no gubernamentales consideraron positivas, aunque tardías, las recomendaciones emitidas este jueves por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a que sí se violaron las garantías individuales durante el conflicto político social que vivió la entidad el año pasado.
En entrevistas por separado, la presidenta de la Liga Mexicana de la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Yessica Sánchez Maya, y el director de los Servicios para una Educación Alternativa Educa, Marcos Leyva Madrid, consideraron un acierto importante que sea la CNDH y no sólo los organismos de la sociedad civil quienes afirmen que sí hubo violaciones en Oaxaca.
Leyva Madrid reiteró que las recomendaciones vuelven a colocar el tema de que en Oaxaca se violaron los derechos humanos de «manera brutal y hubo un ejercicio autoritario del poder».
En ese sentido, lo que hace la CNDH es constatar y dar razón al movimiento, a las y los presos y expresos, a las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos locales, nacionales e internacionales que habían expresado que en Oaxaca se violaron los derechos sin cortapisas y con un ejercicio autoritario del poder, agregó el activista.
El director de Educa destacó que en Oaxaca se vive un clima de tensión, pues muchos de ex funcionarios ahora involucrados en los hechos de violación a las garantías de las y los oaxaqueños, como el ex secretario general de Gobierno, Jorge Franco, y la ex procuradora de Justicia, Lizbeth Caña Cadeza, «actores materiales de la situación del año pasado, hoy son candidatos a cargos de elección popular por el Partido Revolucionario Institucional (PRI)».
Lo anterior, luego de que el PRI los registró ante el Instituto Estatal Electoral como candidatos plurinominales para el Congreso local en la próxima elección del 5 de agosto, por lo que urgió a hacer efectivas las recomendaciones de la CNDH, pues de lo contrario accederían a esos cargos de elección popular buscando la protección del fuero legislativo, aún cuando son señalados como violadores de derechos humanos.
Leyva Madrid consideró que si el Ejecutivo quiere realmente demostrar que en Oaxaca van a cambiar las cosas tendrá que aplicar la ley, lo mismo que el PRI y los otros partidos políticos, para no dejar que estos ex funcionarios puedan ser electos por la vía plurinominal, en tanto se realiza una investigación «que sería recomendable fuera por el propio gobierno federal».
En esta tarea la sociedad oaxaqueña, las organizaciones y los partidos políticos de oposición podrían ejercer este derecho, porque son personas que pueden estar de algún modo siendo responsables de la violación a los derechos humanos, me parece que es importante que estas personas no lleguen, para no permitir que tengan fuero, reiteró el entrevistado por Cimacnoticias.
Por su parte, Sánchez Maya dijo que se espera «realmente poco de un gobierno como el que tenemos. Entonces seguiremos evidenciando los hechos ante instancias internacionales, porque la interlocución a nivel estatal está rota, no hay seriedad gubernamental frente a la defensa de los derechos humanos».
Las recomendaciones emitidas por la CNDH, aunque parecieran tardías, evidencian la violación de los derechos humanos cuando a las organizaciones no gubernamentales se nos tachaba de parciales al emitir nuestras denuncias sobre lo que estaba pasando en Oaxaca.
Dijo que aún cuando el organismo nacional que preside José Luis Soberanes Fernández ha sido evidenciado y señalado por sus recientes actuaciones en el caso Zongolica, al no actuar de manera precisa, ha realizado en Oaxaca una investigación que pone de manifiesto lo que ya se había dicho.
El reto de ese organismo frente a la sociedad mexicana, apuntó Sánchez Maya, será asumir el papel que le corresponde. Tiene ahora una buena oportunidad para reivindicarse tras los errores que ha cometido y que han puesto en entredicho su credibilidad, si creemos que la defensa de los derechos humanos debe ser real y no sólo un discurso.
ULISES RESPONDE
El gobernador Ulises Ruiz Ortiz aceptó la recomendación emitida por la CNDH e indicó en un comunicado de prensa que analizará con integrantes de su gabinete este señalamiento, con el fin de investigar a fondo los hechos y, en caso de que haya responsabilidad de servidores públicos, se aplicará todo el peso de la ley.
También afirmó que «respeta los señalamientos que se hacen pero no los comparto cuando son politizados; todas las áreas de mi gobierno están abiertos a facilitar lo necesario para que se investiguen los acontecimientos y se proceda conforme a Derecho. Pero si no hubieran responsabilidades, pues que queden las cuestiones objetivamente vistas y no politizadas», dijo.
Este jueves, la CNDH presentó a la opinión pública la recomendación 15/2007, por el caso de la Sección 22 del SNTE y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en el que señala que la población de Oaxaca «sufrió serios atentados contra sus derechos humanos».
Y subrayó que primero la pasividad gubernamental y después las acciones desproporcionadas de algunas autoridades generaron un ambiente en el que la ciudadanía se vio atrapada por la violencia política, sin que se le otorgara la seguridad que es el deber primario de cualquier Estado.
En ese sentido, destaca que hubo violación, entre otros derechos «a la libertad de reunión; a la libertad personal, por detención arbitraria y retención ilegal; a la integridad y seguridad personal, por afectaciones a la integridad física y por actos de tortura; a la propiedad y posesión, por ataques a la propiedad privada.
Así como a las libertades de expresión y derecho a la información; a la legalidad y seguridad jurídica, por dilación en la procuración de justicia, por irregular integración de averiguación previa, por falta de motivación y fundamentación jurídica, por incomunicación y por insuficiente protección de personas, y a la vida, por parte de autoridades federales.
Hay puntos de la recomendación que dirige la CNDH a la Mesa Directiva del Senado de la República, al secretario de Gobernación, a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Secretario de Seguridad Pública Federal.
Al gobernador de Oaxaca se le solicita investigar a servidores públicos de la Secretaría de Protección Ciudadana y Procuraduría General de Justicia del Estado; «iniciar las averiguaciones previas a que haya lugar; iniciar procedimientos administrativos en contra del ingeniero Lino Celaya Luría y de la licenciada Lizbeth Caña Cadeza».
Así como establecer mecanismos para la atención médica y psicológica de las y los agraviados; indemnizarlos; integrar y determinar las averiguaciones previas de las personas que perdieron la vida.
También se hacen llamamientos a l8 municipios, entre ellos el de Oaxaca de Juárez, para investigar a servidores públicos que intervinieron en los hechos y para que, al igual que en caso del gobierno estatal, se capacite al personal en el respeto y defensa de los derechos humanos.
07/SJyJCM/GG
