Inicio Sin aclararse asesinato de joven en Tijuana, a dos años

Sin aclararse asesinato de joven en Tijuana, a dos años

Por Jonathan Pardiñas

«Es una prostituta, le hacia sexo oral a sus compañeros en la secundaria, por eso la mataron», fue la respuesta que la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California le dio a la madre y al padre de Benazir Chavolla, quien fue asesinada en Tijuana a los 15 años de edad.

Para la Procuraduría del Estado esta fue «razón suficiente» para liberar al presunto culpable, Fernando Valencia, sobrino de Claudia Valencia, quien es esposa de Humberto Murillo González, consejero de la Judicatura Federal de Baja California.

Fue asesinada el 7 de diciembre de 2005, luego arrojada de una camioneta a gran velocidad. Un taxista no pudo evitar atropellarla. Murió seis días después de un traumatismo craneoencefálico. Varios testigos ubicaron la camioneta del presunto culpable, en donde los peritos encontraron cabello de la joven.

Las autoridades se negaron a realizar de inmediato las pruebas de ADN, haciéndolas luego de que habían pasado tres meses, comprobando que el cabello encontrado en la camioneta pertenecía a Benazir, aunque alegaron que no eran pruebas suficientes para detener a Fernando Valencia.

Ya era demasiado tarde: Valencia tenía varios amparos para no pisar la cárcel y el cuerpo de Benazir había sido cremado. El día del velorio, las autoridades informaron a la madre y al padre de la joven que ya habían capturado a los culpables, por lo que decidieron –con el permiso de las autoridades– cremar el cuerpo.

La Procuraduría convocó a una rueda de prensa en la que mostrarían a los culpables, sin embargo luego cancelaron la conferencia y los presuntos culpables jamás aparecieron.

PROMISCUA Y ALCOHÓLICA

A decir de Manuel Chavolla, padre de Benazir, el tachar de promiscua y consumidora de alcohol a su hija es una estrategia policíaca, un esquema trillado con el que las autoridades se deslindan de los asesinatos y ya no investigan más.

Este ha sido el desafío de la familia, a quien han citado para demostrarles la supuesta promiscuidad de su hija, en mesas de trabajo con proyectores y esquemas que explican que mi hija es una prostituta, aseguró Manuel a Cimacnoticias.

Le hicieron una prueba inicial en la que se dijo que nunca fue violada, ya que nos dijeron que era virgen», comenta.

Y aclara, «con esta contradicción, las autoridades tuvieron que decir entonces que nuestra hija le practicaba sexo oral a los muchachos con los que se juntaba, pero entonces nosotros ya no tenemos ni siquiera la seguridad de que hayan o no violado a nuestra hija, no podemos confiar.

CNDH IGNORA EL TEMA

Sara Ruiz, madre de Benazir, a todos lados a donde va lleva una carpeta llena de recortes de prensa en los que se ha denunciado el caso de su hija.

La carpeta es pesada, aunque Sara reconoce que sólo es una pequeña parte de todas las notas periodísticas que se han publicada en Tijuana y que hasta el día de hoy no han dado ningún resultado.

Hemos sido ignorados por la procuraduría del estado, por el gobernador del Partido Acción Nacional, Eugenio Elorduy Walter, quien aproximadamente en dos meses deja el poder, dice.

La que también ha hecho caso omiso del asesinato de Benazir es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Cada que vez que tratamos de hablar con ellos hay una negativa, nunca nos quieren atender, además de que formalmente y hasta que transcurrieron seis meses de que la Comisión nos recibió la queja, nos respondieron negativamente, afirma Chavolla.

ASESINATOS

Decenas de notas periodísticas, una huelga de hambre donde Sara comenzó para exigir justicia, la campaña de desprestigio contra Benazir y la negativa de la CNDH de emitir una recomendación al gobierno de Baja California, son parte de la historia de uno más de los 317 asesinatos que la procuraduría ha reportado en ese estado desde hace siete años.

Aún así Sara y Manuel no pierden la esperanza de que se haga justicia y se aclare el asesinato de su hija. El paso siguiente, dicen, es solicitar ahora la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para detener a los responsables.

07/JP/CV

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