Inicio Sin castigo, funcionarios que atacaron a defensora de DH en Chiapas

Sin castigo, funcionarios que atacaron a defensora de DH en Chiapas

Por Patricia Chandomí, corresponsal

Hace un año, Margarita Martínez, defensora de Derechos Humanos (DH) en Chiapas, vivió un acto de violencia que le cambió la vida.

Elementos de la Policía Ministerial (PM), de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, con el respaldo de la Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal de Comitán de Domínguez allanaron su casa, con uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública.

El 8 de noviembre de 2009, cerca de las 3.30 horas, unos 20 elementos de la PM, entraron sin mostrar una orden de cateo, a la casa de la defensora para amenazarla e intimidarla junto con su familia.

Esta agresión se dio en el marco de una campaña mediática, impulsada por el gobierno del estado, de criminalización hacia las y los defensores de DH.

Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada para la Protección de los Organismos No Gubernamentales para la Defensa de los DH, el 22 de noviembre del mismo año con el objetivo de esclarecer los mismos.

Dicha fiscalía realizó una investigación seria e imparcial, que acreditó que existen suficientes elementos que indican que el titular de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, José Luis Gómez Santaella, el director de averiguaciones previas, peritos y agentes de la PM adscritos a dicha fiscalía, son los presuntos responsables del abuso de autoridad en el allanamiento de domicilio de Margarita y su esposo Adolfo.

Posteriormente, reseñó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas quien lleva el caso, que los citados funcionarios declararon posteriormente con falsedad y alteraron medios de pruebas para cubrir su arbitrariedad, el Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Raciel López Salazar y ahora el gobernador Juan José Sabines Guerrero, niegan solicitar las órdenes de aprehensión contra estos funcionarios como a derecho corresponde.

El 25 de febrero de 2010, en el contexto de la diligencia de reconstrucción de los hechos suscitados el 8 de noviembre del 2009 y, ante la negligencias cometidas por la PGJE, para proteger los responsables del allanamiento, Margarita fue víctima de los delitos de privación arbitraria de la libertad, tortura y amenazas de muerte para que desistiera de la denuncia penal contra los servidores públicos.

“De haber actuado diligentemente, se hubieran evitado las agresiones contra Margarita, y como el gobernador del estado también estaba enterado del riesgo en que se encontraba ella y su familia, y no actuó en consecuencia, también resulta responsable de las agresiones”, agrega el centro de DH.

“Ante lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de las víctimas, mismas que no se han cumplido a cabalidad” sostuvo el organismo.

En ese contexto, para el Centro de Derechos Humanos, resultan incongruentes las reformas legislativas y la creación de organismos públicos especializados para las y los defensores de DH, si las agresiones cometidas en su contra quedan en la impunidad.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. exigió al gobernador del estado a hacer justicia y dejar de encubrir los funcionarios públicos responsables del allanamiento de domicilio, abuso de autoridad, falsedad de declaraciones, uso desproporcionado e indebido de la fuerza en contra de Margarita Martínez Martínez, y su familia.

10/PCH/LR/LGL

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