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Sin recursos, inicia operaciones refugio para víctimas de trata

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El refugio especializado para víctimas de trata de personas que recién inauguró –con dos años de retraso– el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, va operar con los recursos actuales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), pues no se le asignó presupuesto para este año.
 
En entrevista con esta agencia, la subprocuradora de Atención a Víctimas de Delito y Servicios a la Comunidad de la PGJDF, María de los Ángeles López Peña, dijo que su oficina estará a cargo del nuevo refugio especializado para víctimas de trata, el cual –informó– entró en operaciones el pasado 26 de mayo, luego de que Mancera lo anunciara como parte de su “Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y espacio público”.
 
Si bien el refugio estuvo listo y empezó a operar en tan sólo 30 días, éste era un pendiente del mandatario local desde 2014 y para el cual no contempló recursos en el Presupuesto de Egresos de 2016.
 
Cimacnoticias documentó que el presupuesto etiquetado para este año era de 12 millones 606 mil 969 pesos con 96 centavos, para la compra del terreno y la construcción del refugio, pero no así para su operación.
 
Si bien se solicitó a la PGJDF el monto exacto con el que empezó a operar el refugio, Comunicación Social de la dependencia señaló que este dato está clasificado como “reservado”.
 
Cuestionada al respecto, la subprocuradora López Peña explicó que al menos hasta el cierre de este año el refugio va a funcionar con el presupuesto de la PGJDF, que es de 5 mil 751 millones 286 mil 857 pesos para todas sus operaciones.
 
Con ese recurso, la Procuraduría local abre a diario un promedio de 523 averiguaciones previas y carpetas de investigación de todos los delitos en general, y todas las diligencias de investigación y acción para el combate al delito, cuyo promedio diario es de 385.4.
 
Tan sólo en el tema de trata, de marzo de 2015 a febrero de 2016 la PGJDF ejerció recursos para “liberar” a 371 víctimas de trata, detener a 209 personas por este delito, realizar 201 operativos, e iniciar 36 averiguaciones previas.
 
La PGJDF también cuenta con seis centros de atención que reciben en promedio mil personas diarias (según datos de la subprocuradora), para los cuales hay un presupuesto de 269.9 millones de pesos (mdp), que dependen de la Procuraduría y que están calculados para atender a no más de 133 mil siete personas, lo que equivaldría a un promedio diario de 364 personas.
 
Actualmente la PGJDF destina para la atención de víctimas un total de 2 mdp previstos en el Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, los cuales son para gastos médicos, de traslado, hospedaje, vivienda, seguridad y reparación del daño para víctimas de todo tipo de delitos, incluyendo trata, porque pese a la insistencia de grupos civiles no se ha creado un fondo especial.
 
VÍNCULOS CON REFUGIOS PRIVADOS
 
La funcionaria dijo no saber el número exacto del personal con el que va a operar el refugio, pero señaló que se tenía previsto que fueran unas 40 personas y que hasta ahora hay 32 en funciones.
 
Ese personal, apuntó, está capacitado en perspectiva de género, trabajo social, medicina, psicología infantil, psicología para adolescentes y mujeres, y antropología, a fin de garantizar una atención especializada e integral.
 
La capacidad de este refugio es para 40 víctimas (aunque el promedio mensual es de 34 víctimas “liberadas”), incluyendo a sus hijas e hijos, quienes podrán estar hasta por seis meses y recibirán atención psicosocial, talleres de reintegración con estudios y talleres para que continúen con su proyecto de vida. Desde el inicio el tratamiento será diferenciado por víctima, precisó la funcionaria.
 
López Peña agregó que está consciente de que en seis meses no se puede garantizar la reintegración social de las víctimas de trata, por lo que al concluir este periodo las mujeres serán enviadas a los refugios privados o casas de “medio camino”, con los que siempre ha trabajado la dependencia, y donde a partir ahora se les garantizaría un seguimiento puntual.
 
Antes de la creación del refugio, las víctimas de trata eran enviadas a casas de “medio camino” o refugios particulares, donde las autoridades capitalinas no daban seguimiento a las víctimas, y –de acuerdo con grupos civiles consultados– no se informaba públicamente sobre si estos espacios contaban con los niveles mínimos de calidad para atenderlas.
 
La subprocuradora confirmó que antes no había posibilidades de dar seguimiento a las víctimas, sólo jurídicamente, porque cada refugio tenía su propio modelo de operar y sus reglamentos, pero, acotó, la PGJDF seguirá trabajando con los mismos.
 
Entre los refugios particulares aliados de la Procuraduría, según comentó López Peña, la mayoría están relacionados con la Fundación Unidos contra la Trata, que (de acuerdo con víctimas consultadas) ha sido señalada por presuntamente querer imponer una visión religiosa.
 
La funcionaria precisó que todas las víctimas menores de edad estaban siendo llevadas a la organización El Pozo de Vida (que integra la Consejería de Unidos contra la Trata), y que entre sus servicios tiene el de “consejería espiritual”.
 
López Peña garantizó que ahora, en su calidad de refugio, el personal estará en continua comunicación con las autoridades de los otros espacios para darles seguimiento, y dijo que a cada una se les garantizaría la oportunidad de seguir estudiando y de trabajar a través de los enlaces que hay con la Secretaría del Trabajo capitalina y el Instituto para la Educación de los Adultos del DF.
 
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