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Sin recursos las agencias en delitos sexuales de San Luis Potosí

Por Silvia Magally

Los recortes presupuestales en San Luis Potosí obstaculizan el trabajo de las cinco agencias de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar que hay en la entidad, aunado a ello ideologías personales, indolencia, maltrato verbal y mala interpretación de la ley desalientan a las mujeres a denunciar las agresiones sexuales y el maltrato.

Así lo externó Andrea Saldaña, integrante del Comité por una Maternidad sin Riesgos en la entidad, quien explicó que de acuerdo con la subprocuraduría de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, en lo que va del año se han iniciado dos mil averiguaciones de las cuales 116 corresponden a denuncias de niñas y niños abusados sexualmente y 57 violaciones.

Entrevistada durante su breve estancia en la Ciudad de México, la también consejera de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad insistió en la crítica situación en la que están operando las agencias especializadas en delitos sexuales debido a la sobrecarga de trabajo y a la falta de recursos económicos y humanos que impiden la atención adecuada a este problema en el estado.

A su vez Saldaña lamentó la carencia de un centro de atención integral a las víctimas tal como lo recomienda la Comisión de Derechos Humanos del estado.

Los recortes en el presupuesto estatal también han derivado en el despido del personal femenino que opera en las agencias donde en ocasiones carecen de la infraestructura necesaria para resguardar los expedientes de las victimas.

Insistió en la grave situación por la que atraviesan las agencias, por lo que se corre el riesgo de perder lo avanzado en la cultura de la denuncia. Más aún dijo que ideologías personales y la interpretación de la ley desestiman el problema de la violencia sexual e intrafamiliar dejando en situación de desventaja a las mujeres y los infantes; es decir, a las principales víctimas.

Al respecto puso como ejemplo que una abogada, de la agencia que funciona en la capital de San Luis, considera que no existe la violación dentro del matrimonio, con lo que se observa que la burocracia también obstaculiza el mecanismo de la denuncia.

En este sentido, al informar que el comité y otras organizaciones sociales junto con la Secretaría de Salud capacitaron a 300 proveedores de salud para atender a víctimas de violencia –en especial a mujeres embarazadas que atraviesan por esta situación– la activista denunció la discriminación por género que persiste en su estado.

Sostuvo que las mujeres de los grupos indígenas en la entidad (nahuas, pame y teneq) son más vulnerables a la violencia sexual y solamente dos organizaciones sociales (el Comité por una Maternidad sin Riesgos, y Otra Oportunidad, que opera un albergue para mujeres víctimas de violencia) trabajan este problema en el estado.

       
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