Las diferentes instituciones del Estado que trabajan a favor de las mujeres en este departamento guatemalteco han reportado diferentes avances, sin embargo aún son insuficientes pues muchas de sus demandas están insatisfechas, según representantes de agrupaciones femeninas.
A decir de Lubia Portillo, representante de las organizaciones civiles de mujeres ante el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), una de las causas de la falta de acciones a favor de las guatemaltecas es que la mayoría del personal de las instituciones encargadas de velar y promover la equidad de género y los derechos femeninos, no está sensibilizado y desconoce las normas y no las aplica correctamente.
Odilia Agustín, de Codede, subrayó que históricamente la situación de las mujeres en El Progreso se empeora durante el tercer año de mandato del gobierno en turno, período durante el cual el objetivo principal es la campaña electoral y el accionar de las instituciones se politiza, un aspecto que afecta fuertemente a las mujeres de las cabeceras municipales y sus comunidades.
Yunis Elizabeth Contreras, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de la colonia Sonoro, en Sanarate, El Progreso, dijo a Cerigua que en su municipio las organizaciones de mujeres han expresado falta de apoyo, porque a pesar de que han
gestionado en diversas ocasiones la instalación de la Oficina Municipal de la Mujer (OMM), ésta no ha sido creada.
Reyna Godoy, coordinadora de la Asociación de Mujeres en Acción de Guastatoya (AMAG), subrayó que para el próximo gobierno deber ser prioridad la agilización de préstamos blandos para las organizaciones femeninas, pues es una sus principales
demandas.
Godoy indicó que aunque las líderes reciben capacitaciones en producción y comercialización, no se les dan facilidades bancarias y no encuentran mercados que demanden con permanencia sus productos, situación que dificulta la puesta en práctica de los conocimientos y la frustración por no mejorar su situación económica.
Odilia Agustín expresó que uno de los retos en el departamento es crear la Defensoría de la Mujer en la Auxiliatura Departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), así como fortalecer el sistema de justicia a favor de la población femenina.
De acuerdo con la entrevistada, el sistema educativo es otro aspecto cuestionable, pues no está acorde con las necesidades de las mujeres, no es integral y no hace énfasis en la equidad de género y en sus derechos, lo mismo sucede con los servicios de salud.
Damaris Estrada, responsable del programa «Prosano» del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), indicó que en San Agustín Acasaguastlán se coordinaron diferentes acciones con la FAO, la Comisión Municipal de Seguridad Nutricional, la OMM y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia social (MSPAS).
Por su parte, la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), abrió una oficina y contrató a una promotora para dar seguimiento a las demandas, además se socializó la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y el Plan de Equidad de Oportunidades (PEO 2008-2023).
Otro avance fue la gestión de cuatro proyectos ante el Codede, los cuales fueron aprobados, entre ellos los fondos para la construcción del Centro de Atención y Capacitación Integral (Caimu) en 2012.
La Seprem consiguió el apoyo de un millón 200 mil quetzales (2 millones 100 mil pesos mexicanos) para la construcción de un Centro de Salud Tipo B en la cabecera departamental, y cabildea en otros municipios como Sansare, El Jícaro, Morazán, San Antonio La Paz, y Guastatoya.
El Programa de Salud Sexual y Reproductiva del MSPAS organizó 26 comisiones, las cuales fueron integradas por mujeres capacitadas en temas de salud, como peligro en las embarazadas, lactancia materna, desnutrición y prevención de infecciones de transmisión sexual.
Según la información, este programa tiene bajo su responsabilidad la capacitación de 164 parteras y la realización del papanicolaou, y de pruebas para detectar el cáncer de matriz, además de impartir charlas de control natal, noviazgo sano, riesgo de embarazos en adolescentes, y derechos sexuales y reproductivos.
La auxiliatura de la PDH en el departamento reportó que de enero a agosto de 2011 se atendieron 99 demandas de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, las cuales fueron remitidas a las diferentes instancias de justicia.
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