La educación que reciben unos 13 mil menores de bajos recursos en edad preescolar carecerá de reconocimiento oficial debido a las modificaciones que el año pasado hizo el legislativo a los artículos 3 y 31 de la Constitución, denunció hoy la encargada de la Coordinadora Popular de Madres Educadoras (Copome), Leticia Chávez.
En conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas de México, Chávez afirmó que los menores que son atendidos en Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios (CDIC), coordinados por esa instancia educativa no gubernamental, quedaron fuera de las reformas del pasado 12 de noviembre, por lo que la Secretaría de Educación Pública no validará sus estudios.
Con dichas modificaciones sólo se reconoce al sector público y privado para impartir educación preescolar, lo que deja fuera a las instituciones comunitarias, y se exige que las educadoras sean tituladas.
Chávez explicó que los CDIC nacen de la iniciativa de las mujeres de la comunidad y se encargan del cuidado de las y los menores. «Tienen como objetivo brindar servicios de estancias infantiles y educación preescolar a la población de bajos recursos económicos en horarios de hasta 12 horas diarias y a bajo costo».
Recordó que desde hace 20 años, en algunas colonias populares, emprendieron proyectos de autogestión a cargo de madres de familia preocupadas por brindar atención a la niñez menor de seis años.
Actualmente en la Copome participan 35 centros infantiles comunitarios, localizados en 10 delegaciones del Distrito Federal y cuatro municipios del estado de México.
Para Chávez la aplicación de estas modificaciones no sólo afectará a niños y niñas, sino a las madres solteras y jefas de familia, al no contar con una institución que se encargue del cuidado de los infantes mientras ellas trabajan.
La coordinadora señaló que a pesar de la deficiente cobertura de guarderías y preescolares de la SEP en zonas marginadas, los centros corren el peligro de desaparecer, «pues aunque las mujeres que los atienden son parte de la comunidad, conocen las problemáticas de los menores y las necesidades de sus madres, no cuentan con una formación profesional».
Reveló que los programas del gobierno destinados a atender a la población preescolar (DIF, Secretaría de Desarrollo Social –jornaleros agrícolas y para jefas de familia) atienden a 78 mil 400 menores de los 14 millones de niñas y niños de cero a cinco años, mismos que son atendidos en los dos mil 298 planteles, por 910 educadoras.
Estas cifras revelan la necesidad de contar con CDIC, toda vez que se encuentran en las comunidades donde hasta ahora no ha sido posible establecer la estructura necesaria para la prestación de servicios de educación preescolar.
Ante este panorama, concluyó Chávez, la Copome , «exige que no sean excluidos los niños y niñas que reciben atención en los centros, se reconozca a la educación comunitaria como una opción educativa formal y se le otorgue el reconocimiento jurídico».
Este problema se suma a las protestas que han encabezado madres y trabajadoras, en rechazo a la decisión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de recortar los horarios de atención y el personal de las guarderías subrogadas por ese instituto.
RGL/MEL
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