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Sistema judicial es un “campo minado” para las mujeres

Por Anaiz Zamora Márquez

Para las mujeres que viven en pobreza o condiciones de marginación, la justicia sigue siendo “un campo minado” al que no pueden acceder sin ser agredidas o violentadas, por lo que es indispensable que el sistema judicial deje de interpretar las leyes a partir de prejuicios de género.
 
En ello coincidieron académicas y expertas en Derechos Humanos (DH) durante el seminario “Por una justicia con equidad”, que se realiza en la Torre de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y que tiene como objetivo analizar desde diferentes ángulos los retos que aún enfrentan las mujeres para ejercer su derecho a la justicia.
 
La experta en argumentación jurídica y género, Ydalia Pérez Fernández, sostuvo que además de los marcos normativos nacionales, las sentencias internacionales en materia de DH deben ser consideradas cuando se imparte justicia a favor de las mujeres.
 
No obstante, advirtió que hay un “severo rezago” cuando se trata de retomar el contenido de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) –tanto para México como para otros países– en el acceso a la justicia para las mujeres.
 
“Falta sensibilización y capacitación porque ahora sólo apuntamos a la buena voluntad de las y los jueces, y debemos apelar a que cualquier resolución lleve involucrado el tema de la igualdad y la equidad sustantiva, aun cuando la ley no contemple estos principios”, apuntó.
 
En su ponencia, la doctora e integrante de la Federación Mexicana de Universitarias (Femu) Julieta Morales, detalló que la nueva realidad constitucional que garantiza los DH en México no sólo debe reducirse a una interpretación penal o jurídica, pues la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los DH también corresponde a las autoridades administrativas.
 
Sostuvo que las violaciones más graves a DH ocurren a mujeres que viven diversas formas de discriminación y segregación, y no sólo se traducen en delitos o agresiones
 
Por su parte, la maestra en Filosofía del Derecho Lourdes Enríquez Rosas analizó la forma “negativa y misoginia” en la que se aplica la justicia cuando se trata de mujeres que ejercen sus derechos sexuales y reproductivos.
 
Explicó que existen normas sociales basadas en una visión patriarcal y que buscan controlar el cuerpo, y sobre todo la sexualidad de la población femenina. “Cuando las mujeres transgreden los marcos y el plan de vida impuesto por la estructura patriarcal, son castigadas”, observó.
 
Una de las formas de castigo que enfrentan es la aplicación de la justicia en su contra, pues actualmente “la justicia representa para las mujeres, especialmente para las más marginadas un campo minado al que no pueden entrar sin ser agredidas, violentadas o victimizadas”.
 
Agregó que los gobiernos de los estados del país que no garantizan a las mujeres el acceso a servicios de salud sexual, criminalizan el aborto, o tienen una política pública injusta, en realidad están ejerciendo violencia institucional contra las mujeres “que busca vigilar sus cuerpos y domesticar sus conductas”.
 
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