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Sistema judicial ignora disposiciones de la CEDAW

Por Anaiz Zamora Márquez

Los mandatos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por su siglas en inglés) en materia de acceso a la justicia son “invisibles” para el Estado mexicano, criticó la abogada y feminista Alda Facio.
 
Al participar en el foro “Día Internacional de la Mujer. Los retos del sistema de justicia en la protección de sus derechos” – organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, la jurista costarricense consideró que en México cuando se procura justicia para las mujeres no se toma en cuenta lo determinado por la CEDAW.
 
En su conferencia magistral “México ante la CEDAW, recomendaciones y débitos”, Facio señaló que México sólo recuerda que ratificó la Convención cada seis años cuando se ve obligado a presentar un informe sobre avances y desafíos.
 
La feminista criticó que nuestro país carezca de un manual específico a nivel nacional para juzgar con perspectiva de género. Explicó que la CEDAW determina lineamientos que permiten garantizar a las mujeres el pleno acceso a la justicia desde una visión igualitaria.
 
El artículo segundo de ese tratado establece que “por conducto de los tribunales nacionales competentes” se debe garantizar la protección jurídica de los derechos de las mujeres, y la protección efectiva de cualquier tipo de discriminación.
 
A su vez, el artículo cinco define que los Estados Parte tomarán las medidas apropiadas para “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias (…) que están basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos”.
 
De acuerdo con la también escritora, el sistema de justicia mexicano está obligado a procurar el cumplimiento de este mandato y contribuir a la eliminación de la discriminación contra las mujeres, tanto al sancionar a los perpetradores de crímenes como en la forma en que proceden las y los servidores públicos.
 
Por ejemplo, según Facio, las reglas utilizadas en la valoración de la prueba (actividad para apreciar el grado de convencimiento acerca de la veracidad de los hechos) están determinadas sin considerar las diferencias entre mujeres y hombres.
 
Dentro de este proceso se presentan casos en los que no se le cree a la víctima por ser mujer, o porque el crimen corresponde a la vida privada, pese a que es donde se comete mayor violencia contra las mujeres, ya que no existe la presencia de testigos, recalcó.
 
Insistió en la necesidad de modificar el sistema judicial a fin de lograr un lenguaje más incluyente, que al mismo tiempo considere que las mujeres pueden variar su forma de expresión, y que cuando se denuncien casos de violaciones sexuales o violencia familiar, la demanda no incluirá datos precisos  –como lo exige la ley– debido al choque emocional que estos delitos representan.
 
Finalmente Alda Facio recordó que los tratados internacionales forman parte de la Constitución Política mexicana y por ende obligan a las y los funcionarios a cumplir con sus mandatos.
 
Destacó que las y los jueces están doblemente obligados, pues de ellos –en gran medida– depende que las mujeres accedan a la justicia.
 
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