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Sistema judicial impide aplicar normas a favor de las mujeres

Por Anayeli García Martínez

Aunque en México se tiene una legislación que permite el aborto, penaliza la violencia de género y favorece oportunidades económicas para las mujeres, aún existen vacíos jurídicos que hacen que estas normas tengan poco impacto favorable en la vida de la población femenina.
 
De acuerdo con ONU Mujeres, en el mundo aún es frecuente que a las mujeres se les niegue el control sobre su cuerpo, la participación en la toma de decisiones y la debida protección contra la violencia; o bien que estos derechos se consagren en la ley pero no se garanticen.
 
Como ejemplo, a pesar de los avances en los marcos jurídicos, 127 países no penalizan explícitamente la violación dentro del matrimonio y 61 restringen el aborto, de acuerdo con el informe “El progreso de las mujeres en el mundo: En busca de la justicia”, elaborado por ONU Mujeres.
 
En el caso de México se permite el aborto para salvar la vida de la mujer; para proteger su salud física o su salud mental; en caso de incesto o violación; de deterioro del crecimiento fetal; por motivos económicos y sociales, e incluso a petición de la mujer.
 
Sin embargo la ley sobre el aborto se determina en cada estado y cada Código Penal tiene sus propias normas. En el tema de la legislación sobre violencia contra las mujeres en nuestro país se penaliza la violencia domestica, el acoso sexual y la violación conyugal, pero ésta también se determina en cada entidad.
 
En su informe, ONU Mujeres advierte que las carencias en la implementación de las normas existentes hacen que las garantías constitucionales a favor de los derechos femeninos tengan poco impacto en la vida cotidiana.
 
En México las leyes laborales permiten que las mujeres puedan trabajar en todos los sectores, no obstaculizan que pueden asumir los mismos turnos nocturnos que los hombres, y además garantizan la licencia de maternidad con goce de sueldo.
 
Pero a pesar de que la igualdad entre mujeres y hombres está consagrada en las constituciones de 139 países esta garantía suele ser una norma vacía.
 
En muchos contextos, tanto en países ricos como pobres, señala ONU Mujeres, la infraestructura judicial, incluyendo la policía, los tribunales y la judicatura, ha fracasado en el respeto a los derechos de la mujer, lo que se manifiesta en la prestación inadecuada de servicios.
 
Para esta agencia internacional las reformas legales que promueven la igualdad de género son una base legal sólida que permitirá lograr que los tribunales sean más accesibles y que las fuerzas policiales sean menos hostiles ante las denuncias.
 
Así lo demuestran los avances de 173 países que garantizan la licencia de maternidad con goce de sueldo, 139 constituciones que garantizan la igualdad entre mujeres y hombres, y 125 que penalizan la violencia doméstica.
 
Asimismo 117 países han promulgado leyes que garantizan la igualdad de remuneración, y otros 115 países garantizan la igualdad de los derechos de propiedad de las mujeres.
 
Pero el informe indica que con frecuencia la cadena de justicia, es decir, la serie de procedimientos que las mujeres han de seguir para acceder al sistema judicial formal o para reivindicar sus derechos, se interrumpe debido a la falta de capacidad del sistema y a las actitudes discriminatorias de quienes proporcionan los servicios.
 
En este contexto ONU Mujeres destaca que la implementación eficaz de leyes y garantías constitucionales es un desafío crucial para que el Estado de Derecho sea una realidad para las mujeres, para lo cual es necesario contar con un sistema judicial competente.
 
Para lograr este sistema judicial competente, ONU Mujeres propone apoyar a organizaciones por los derechos femeninos con trabajo en el ámbito jurídico, capacitar a jueces en el seguimiento de sentencias, e implementar programas de reparación sensibles al género, entre otras medidas.
 
12/AGM/RMB

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