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Situación de “emergencia” por agresiones a defensoras

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH Morelos) hizo un “llamado de emergencia” al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que intervenga en la protección de las defensoras ya que –según documentó la organización civil– el Estado mexicano es su principal agresor.

Con motivo de la conmemoración de sus 25 años de existencia, la CIDH Morelos presentó hoy en esta capital el diagnóstico “Defensoras somos todas. Análisis de la violencia contra las mujeres defensoras de Derechos Humanos (DH) en la República Mexicana”.

Paloma Estrada Muñoz, coordinadora de Investigación de la Comisión, detalló que del año 2000 a 2014 se registraron 34 casos de feminicidio contra defensoras humanitarias, y señaló que el estado de Guerrero es el que registra más muertes.

La activista informó que desde el asesinato de la defensora Digna Ochoa y Plácido en el Distrito Federal, en 2001, hasta el de la bloguera María del Rosario Fuentes Rubio, secuestrada y encontrada muerta en octubre pasado en el estado de Tamaulipas, todos los casos de feminicidio permanecen impunes.

Según se detectó en el diagnóstico, el principal agresor es el Estado mexicano a través del Ejército, policías de los tres órdenes de gobierno, agentes de la administración pública federal y operadores de justicia (con más del 15 por ciento de las menciones), por lo que la CIDH Morelos hizo un “llamado urgente” al Sistema Interamericano para que interceda por las defensoras, ya que “la violencia ya salió del control del Estado mexicano”, advirtió Estrada Muñoz.

La investigación, que se realizó en 21 entidades del país a través de entrevistas y encuestas, arrojó que en algunos casos los agresores también son caciques, narcotraficantes, grupos paramilitares e integrantes de las propias organizaciones civiles en las que participan las defensoras, y que cada uno de ellos incluso actúa en complicidad para dañar juntos a las activistas.

Muñoz observó que el tipo de violencia más frecuente en contra de las defensoras (presente en 49 por ciento de los casos) es la psicológica (amenazas, intimidación, acoso y hostigamiento), sobre todo de carácter sexual y contra su ámbito familiar; le sigue la violencia física (23 por ciento); la violencia patrimonial (9 por ciento); la sexual (2 por ciento), y el resto de los casos no se especificó el tipo de agresión.

Y alertó que más del 40 por ciento de las amenazas que reciben las defensoras en contra de ellas o su familia se cumplen o conllevan a un segundo incidente de violencia más grave.

Las activistas entrevistadas para este diagnóstico mencionaron que padecen violencia en todos los ámbitos en los que se desenvuelven, pero con más frecuencia al interior de su comunidad.

Atziri Ávila, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), acusó que faltan mecanismos de protección con perspectiva de género y una base de datos nacional para proteger la vida de quienes defienden las garantías humanitarias.

“Somos cuestionadas cuando transgredimos los roles y estereotipos de género, aún más cuando se trata de defender a otras mujeres”, apuntó la activista.

Señaló que Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Veracruz son las entidades que durante 2014 registraron más casos de agresiones contra las defensoras, y reconoció que en el DF hay un incremento de agresiones y criminalización en contra de la protesta social.

Ávila observó que los testimonios demuestran que las defensoras del derecho a la tierra y al territorio; las que buscan a sus hijos y las que promueven los derechos sexuales y reproductivos son las más afectadas por la represión y la violencia. Añadió que 2011 y 2013 fueron los años que registraron el mayor índice de violencia en contra de las mujeres defensoras.

Las activistas criticaron que pese a contar con medidas cautelares parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, las defensoras siguen padeciendo violencia.

Acusaron que esta herramienta federal que recibe denuncias por parte de las defensoras, no realiza investigaciones o tarda demasiado tiempo en ellas; no tiene un diagnóstico ni análisis de riesgo desde una visión de género y de DH; y el núcleo familiar de las víctimas no está incluido en las medidas de protección.

Por lo que urgieron al Estado mexicano a definir un plazo razonable para informar del avance de las investigaciones de los asesinatos, ataques y atentados contra defensoras; e investigue, procese judicialmente y sancione conforme a derecho al o los responsables.

Además, señalaron que debe garantizar el acceso a la justicia y medidas efectivas de protección y realizar una evaluación integral de las deficiencias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como revisar la aplicación de las medidas cautelares promovidas por los organismos internacionales.

Asimismo, llamaron a los medios de comunicación a incorporar líneas editoriales y prácticas de comunicación basadas en los convenios y tratados internacionales para respetar la integridad de las defensoras.

De acuerdo con la CIDH Morelos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) otorgó 66 medidas cautelares de 2000 a 2014 para la protección de 87 mujeres en 16 entidades del país; y 18 de estas medidas se otorgaron a colectivos, asociaciones, ejidos y a poblados enteros; sin embargo, la mayoría de estas medidas y otras sentencias de la Corte han sido ignorados por México.

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