México, 3 oct 07, (CIMAC). El pasado 21 de septiembre, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, presentó ante la opinión pública una serie de recomendaciones para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por diversos delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por efectivos militares en perjuicio de la población civil en Castaños, Coahuila; Nocupétaro y Apatzingán, Michoacán; y Sinaloa de Leyva, Sinaloa.
«Las recomendaciones resultan relevantes ya que la CNDH reconoce por fin la veracidad de las denuncias formuladas por la población civil y hace un recuento de los crímenes perpetrados por miembros de las fuerzas armadas, que incluyen el homicidio de tres menores, la violación sexual tumultuaria de mujeres, allanamientos de morada, saqueos, torturas y detenciones arbitrarias».
Señala lo anterior un comunicado la Comisión Mexicana de Defensa y promoción de los Derechos Humanos y agrega que los hechos referidos no dejan duda de las graves consecuencias que ha tenido para la población la utilización del Ejército en tareas de seguridad pública, para las cuales no está facultado, «del mismo documento se desprende que las principales afectadas en la lucha contra la delincuencia organizada son, injustamente, las comunidades».
El comunicado reprueba el tratamiento de faltas administrativas que se les ha dado, cuando en el fondo existen delitos y violaciones de derechos humanos que deben ser perseguidos por la justicia civil.
De las palabras que enmarcaron el acto oficial, señala, extraña la siguiente consideración en voz de quien tendría que ser el principal defensor de los derechos humanos: «Creemos que si la propia Secretaría de la Defensa Nacional investiga los hechos, sanciona a los culpables y repara en la medida de lo posible los daños ocasionados, sienta así un necesario precedente de respeto a la causa de los derechos humanos bajo el imperio de la ley y el compromiso supremo con la justicia».
De esta manera, «Soberanes parece pasar por alto garantías constitucionales, principios fundamentales de derechos humanos e incluso desconocer sus propias actuaciones, al tiempo que desestima la actuación de la justicia civil e invita a que el Estado mexicano vulnere las recomendaciones emitidas por el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos».
En cuanto a los acuerdos internacionales en derechos humanos, agrega, cabe citar lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó para el caso de Miguel Orlando Muñoz, un militar mexicano desaparecido a los veinticinco años de edad por fuerzas castrenses.
«La Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) carece, por definición, de la independencia y autonomía necesarias para investigar de manera imparcial las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas…»
Soberanes olvida la historia contemporánea, pero sobre todo sus actuaciones en el pasado reciente, apunta el comunicado.
«Si es creencia del ombudsman que los militares han sido ?garantes de la institucionalidad de la República?. Mientras en diversos países eran utilizados por intereses golpistas y dictatoriales, ¿qué motivó entonces su recomendación número 26/2001 sobre la guerra sucia de los años setenta, en donde la CNDH reconoce la participación del Ejército en la desaparición de alrededor de 500 personas, según sus propias cifras?».
Para esta ONG defensora de derechos humanos, el ombudsman es un «defensor del Pueblo» encargado de velar por las y los ciudadanos frente a eventuales abusos que pudieran cometer en su contra los funcionarios del Estado y en ningún momento cabe dentro de su competencia exaltar el desempeño de las fuerzas armadas.
Por ello, «resulta incomprensible que, mediante un doble mensaje, Soberanes formule una relación detallada de las violaciones y atropellos cometidos por el Ejército, al tiempo que hace patente su admiración por las fuerzas armadas con frases que resultan inconcebibles en su posición, sobre todo cuando su devoción castrense choca frontalmente con la causa supuestamente defendida.»
Recordemos para el ombudsman que ya el Constituyente de 1857 consideraba la urgencia de rodear al Ejército, expone: «De todas la precauciones dirigidas a impedir su desmoralización y mantener la disciplina, que es su fuerza, porque un Ejército no deja de ser el sostén de una nación sino para convertirse en azote de la misma».
Sin embargo, Soberanes afirma considera que: «El Estado de derecho ha tenido en las mujeres y los hombres de uniforme, uno de sus más sólidos pilares; la presencia del soldado no es un símbolo de represión. Muy por el contrario, para la mayoría de los mexicanos el verde olivo remite a actos de entrega y de valentía en momentos de crisis humanitarias, de solidaridad y de generosidad».
Para la Comisión Mexicana, un discurso en estos términos, contradictorios, sólo puede perseguir diluir la responsabilidad del Ejército en los hechos denunciados. Para poder hablar de Estado de derecho, primero tiene que existir el pleno respeto a los derechos humanos.
«Más allá de dislates verbales, Soberanes se convierte en cómplice de estas violaciones cuando se abstiene de llamar al inmediato retiro del Ejército de las tareas de seguridad pública, con los resultados que están a la vista y él mismo ha reseñado, sosteniendo a la vez que dicho estado de cosas se encuentra al margen de la normatividad».
Si la evidencia que él mismo ha reunido no le ha impedido hacer una apología de las fuerzas armadas y dar tratamiento de faltas administrativas a diversos delitos y violaciones de los derechos humanos, recomendando a la Sedena, por encima de la Constitución, que dirima un conflicto para el cual no tiene facultades, Soberanes no puede ser llamado «defensor del Pueblo», concluye.
07/ML/CV
