Como cada dos años, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) presentó la solicitud de revisar este mes de septiembre su contrato colectivo de trabajo en la Compañía Mexicana de Aviación (CMA), pero se encontró con la inusitada actitud de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de negarle el trámite a su petición.
En oprobiosa actitud, la autoridad laboral, quien en materia de huelga solo tiene funciones de correo para hacer llegar las peticiones de las y los trabajadores a la empresa y citar a las partes a una audiencia de conciliación, contradiciendo disposiciones legales se negó a cumplir su obligación.
Dice la ley laboral que el presidente de la JFCA «…bajo su más estricta responsabilidad hará llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro de las 48 horas siguientes a la de su recibo». Sin embargo con toda impunidad este funcionario, como si fuera dueño de la ley, mandó al cesto de basura la petición sindical.
Esta organización sindical, fundada el 8 de abril de 1960, compuesta en su mayoría por mujeres, aglutina en la actualidad a 1300 sobrecargos de Aeroméxico y 1400 de Mexicana de Aviación, enfrenta ahora el arrebato de su derecho a revisar sus condiciones de trabajo sumado al amago judicial de reducirles en un 50 por ciento sus prestaciones económicas.
Son más de 17 meses en que las y los sobrecargos enfrentan un juicio de reducción de sus condiciones económicas con un laudo en contra emitido por la JFCA que justifica este hecho suprimiendo prestaciones, ingresos y descansos y amplia jornadas laborales. Con la presentación de un amparo los sobrecargos han impedido que mientras duré su trámite no se afecten sus prestaciones contractuales.
Sin embargo la JFCA pretextando la existencia de ese amparo argumenta que mientras subsista éste, las condiciones de trabajo no deben modificarse y por ello el derecho de emplazar a huelga por revisión contractual es improcedente.
Sin duda uno de los problemas más graves en materia laboral es la intromisión de las autoridades en las relaciones obrero patronales. Muchas veces se justifica la intervención de un árbitro cuando éste busca un equilibrio entre las partes, pero cuando su intervención es ilegal y arbitraria dificulta la solución de los conflictos.
Es inadmisible que las juntas de conciliación y arbitraje sigan dependiendo del Poder Ejecutivo, así la justicia seguirá siendo de consigna. Si la JFCA recibe órdenes del Secretario de Trabajo y éste a su vez del Presidente de la República, la justicia laboral nunca será imparcial.
A los sindicatos se les sigue tratando como los responsables de los problemas económicos de las empresas y ello no puede seguir ocurriendo. Es frecuente en las negociaciones laborales se alegue la difícil situación económica pero se ocultan las cifras reales que tiene la empresa. Se pide a los trabajadores sacrificios pero las empresas quieren seguir manteniendo sus rangos de ganancia.
Muchas empresas prefieren seguir manteniendo los altos salarios de sus ejecutivos y redituables ganancias, en contrapartida exigen la reducción del personal de base, de los salarios y prestaciones y con más sobrecargas de trabajo.
Para la autoridad laboral es mejor cancelar el derecho de huelga que propiciar una conciliación entre las partes. Las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales son las más interesadas en que los centros de trabajo tengan crecimiento y están siempre dispuestos a evitar su desaparición.
Cuando las empresas comparten no solo los problemas económicos sino también los planes de trabajo con sus trabajadores, cuando los hacen participar en las estrategias y los retos es más fácil salir de la crisis.
No se puede sustituir el diálogo con la imposición. Los trabajadores de aviación, en este caso los integrantes de ASSA deben participar en la solución económica de las empresas pero no solo a costa de sus derechos.
Es una oportunidad esta crisis para replantear el sistema de relaciones laborales interno en esa empresa aeronáutica que aleje el enfrentamiento y acerque el diálogo constructivo.
En este conflicto es evidente que las autoridades laborales están equivocadas en su estrategia: la ilegalidad y la arbitrariedad no pueden ser los caminos a seguir.
*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana. [email protected]
08/MF/GG
