Los abusos y violaciones sexuales cometidos por elementos del Ejército Mexicano en contra de mujeres de las poblaciones de Castaños, Coahuila; Zongolica, Veracruz; Nocupétaro, Michoacán y San Salvador Atenco, Estado de México, responde a una guerra de baja intensidad y tiene como denominador común el abuso de poder, violaciones sexuales, impunidad y violación a los derechos humanos, afirmó el general José Francisco Gallardo Rodríguez.
El General detalló que en el caso de la violación a la señora indígena de 73 años de edad, Ernestina Ascencio Rosario, en el que participó personal de 26 Batallón de Infantería, respondió a que se detectó la presencia del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en la Sierra de Zongolica, Veracruz, que ocasionó la concentración de tropas, por ende la agresión contra la señora.
Las tropas, abundó, saben lo que están haciendo y por qué lo hacen, toda vez que sus acciones responden a la estructura de su formación, entrenamiento y adoctrinamiento que se les da a la tropa, a través de los manuales de adiestramiento, en el que también reciben mensajes subliminales para romper el tejido social de una comunidad o población.
Desde la óptica del general Gallardo Rodríguez, para evitar el escándalo y la confrontación entre los diferentes poderes, el Alto Mando Militar debió haber puesto a disposición de la autoridad civil y del Ministerio Público a los presuntos responsables de la agresión a la indígena Ernestina Ascencio.
En entrevista con Cimacnoticias, el catedrático universitario señaló que en las agresiones sexuales contra las activistas en San Salvador Atenco, Estado de México, predominó la misma actitud que los elementos del Ejército realizan en las comunidades indígenas: atacar a sus mujeres para romper la estructura social, pero más aún ?en este caso- el instituto castrense quiso dar una lección de venganza contra la población que se levantó.
En Atenco, subrayó, también prevaleció la intervención del Ejército, el abuso de poder, la violación a los derechos humanos, impunidad e improperio, así como violaciones sexuales contra mujeres. «Se violaron tratados internacionales, el pacto constitucional y leyes humanitarias de derechos humanos», enfatizó el General.
Gallardo Rodríguez comentó que en Michoacán, donde fueron secuestradas, narcotizadas y violadas cuatro menores de edad, en el municipio de Nocupétaro, tiene que ver con la intervención de parte del Ejército para someter a los grupos de «narcotráfico» y del crimen organizado que estaban ahí asentados.
Precisó que el personal militar que participó en Michoacán no era el personal acantonado ahí, sino personal de apoyo. «Si el Ejército ubica a un grupo de personas que delinquen en un pueblo, todos sus pobladores son sospechosos, por ende son agredidos»; ya que para las fuerzas castrenses detrás de cada indígena hay un guerrillero en potencia y todo mundo es sospechoso.
El General, quien propuso sin éxito la figura de Ombudsman militar, sostuvo que con base en la preparación castrense, el personal de infantería sabe que las poblaciones indígenas basan su autonomía en la comunidad social, por lo que cuando llegan a un lugar donde se presume que hay delincuencia, lo hacen para romper el tejido social, decapitando y atacando a sus mujeres, para sembrar el terror y desestabilizar a sus pobladores.
José Francisco Gallardo dijo que en Coahuila, en el caso de las 14 mujeres de Castaños, fue otro el motivo: el denominador común es que hubo violación a los derechos humanos, abuso sexual contra mujeres e impunidad. Aquí ?apuntó- la tropa se salió de control del mando, puesto que los militares agresores saben perfectamente bien que hagan lo que hagan no les van hacer nada, por lo que siguen cometiendo tales atrocidades.
El doctor en Administración Pública se pronunció por una reforma profunda a los preceptos constitucionales ilegales internos del Ejército Mexicano, a fin de evitar que cuando se cometan ilícitos, como los anteriormente señalados, se encausen las diligencias a la justicia civil, para que no queden impunes los militares que violan y abusas sexualmente de las mujeres.
Asimismo, se manifestó porque se aplique el Artículo 13 constitucional, en el que se establece que cuando hay un evento en el que participa personal militar y civil, este debe ser turnado a las autoridades civiles, no a las militares. Sin embargo, en el caso de Zongolica, por una práctica que no tiene que ver con la ley, el alto mando militar escudado en el fuero militar siempre deja impune los delitos que cometen los militares.
Cuando interviene la Justicia Militar entorpece toda la investigación e incluso llega a las amenazas en contra de las víctimas, testigos, familiares y en contra de quienes las apoyan, como es el caso del obispo de Coahuila, Raúl Vera, de las mujeres de Castaños y sus familiares, concluyó el general José Francisco Gallardo Rodríguez.
07/GG/CV
