Este fin de semana, integrantes de la Red de Mujeres Comunicadoras «Las Muchas» solicitaron, como organización civil, que la Secretaría de Gobierno emita la Declaratoria de Violencia de Género para el municipio de Isla, con la intención de que se esclarezcan los asesinatos de mujeres, se encuentren las causas y se combata la problemática, la cual tiene todos los elementos para ser considerada violencia feminicida.
En conferencia de prensa, la integrante de la red, Mayela García, quien también forma parte del Colectivo de Investigación y Desarrollo para la Mujer A.C., señaló que la entrada del ejército a Isla no es la solución para acabar con los asesinatos y desapariciones de mujeres, si no se realizan primero las investigaciones pertinentes para acabar con el problema.
Señaló que por el momento no se puede determinar si los crímenes son obra de un asesino serial, si son consecuencia del narcotráfico o de la trata de personas, debido a que aún no se han llevado a cabo las investigaciones necesarias para poder deslindar las causas de los asesinatos y desapariciones.
Añadió que, además de Isla, existen otros municipios y regiones en la entidad en donde se considera que puede haber violencia feminicida, principalmente en las zonas indígenas y serranas, por lo que si bien en este momento no se solicita la declaratoria para estos lugares, si se contempla esa posibilidad.
La violencia feminicida consiste en los hechos estructurados y reiterados que generan las condiciones necesarias para que las mujeres mueran no sólo a consecuencia de golpes o lesiones, sino por la desatención y la impunidad, indicó.
La organización civil también hizo un llamado a que las dependencias estatales cumplan con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que de manera inmediata entreguen la información necesaria para integrarla al banco de datos que establece la mencionada legislación.
Pese a que el Instituto Veracruzano de las Mujeres ya cuenta con la estructura y los mecanismos para la operación de ese banco de datos, ninguna de las dependencias estatales –las cuales se encuentran obligadas por ley– ha entregado la información correspondiente; por esta razón se generan problemas para aplicar programas y se le dificulta al Estado elaborar planes para prevenir y sancionar la violencia, así como para operar con perspectiva de género.
Por otra parte, las integrantes de la red hicieron hincapié en que hasta la fecha, en el Congreso local existe un retraso importante en cuanto a la armonización del marco legal del estado con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que se encuentra detenido el dictamen para reformar el Código Penal, sin mencionar que aún quedan pendientes la Ley de Salud, la Ley de Educación, el Código Civil local y otras legislaciones.
09/BG/YT/GTR
