De ratificarse la sentencia, en segunda instancia, a 10 años de prisión en contra de Angelina Antonio Maya, por el supuesto delito de transportación de marihuana, la justicia estará cometiendo un grave error, sostuvo hoy la abogada Aline Castellanos.
La integrante de la asociación Mujer Libre, externó su preocupación por la posible ratificación de una sentencia en contra de la indígena zapoteca Angelina Antonio Maya, sentenciada en primera instancia a 10 años de prisión por transportación de marihuana, «delito que ni siquiera se comprobó».
En entrevista, la también integrante del Colectivo Huaxyacac explicó que Angelina, indígena zapoteca de San Vicente Coatlán, quien se encuentra interna en el reclusorio de Ixcotel desde el cinco de junio de 2002, fue sentenciada el pasado 13 de agosto a diez años de prisión por delitos contra la salud.
Señaló que entre las violaciones que se cometieron en contra de Angelina durante el proceso se encuentra el hecho de que siendo hablante de zapoteco no contó con un intérprete al momento de su detención ni durante el proceso penal en su contra.
La integrante de Mujer Libre añadió que en un dictamen pericial en lingüística, aportado como prueba durante el proceso, se demostró su escaso manejo de español y, por tanto, la indispensable asistencia de un intérprete, de lo contrario, el proceso penal es ilegal y anticonstitucional, ya que es una garantía individual es la de no ser juzgado en una lengua incomprensible para la persona acusada.
Asimismo, la acusación en su contra se basó en el testimonio de dos testigos carentes de credibilidad y honorabilidad. Uno de ellos presentar como domicilio un lugar inexistente en una comunidad en donde nadie lo conoce, y el otro es un prófugo de la justicia militar.
La posesión de la mochila que contenía la droga no fue plenamente acreditada, dado que se encontró en un transporte público en el que la señora Angelina Antonio viajaba hacia la ciudad de Oaxaca.
La sentencia condenatoria de la señora Antonio Maya fue apelada por considerar que no fueron tomados en cuenta los argumentos anteriores y se está sentenciando a diez años a una mujer juzgada no sólo en condiciones desfavorables, sino anticonstitucionales.
Se solicita públicamente al juez en segunda instancia la revocación de la sentencia en un acto de justicia y apego a las garantías individuales consagradas por la Constitución Mexicana.
2004/SJ/LR