Un alto a la impunidad, a la violencia sexual de los militares en el caso de Castaños, Coahuila, y a la violación de derechos humanos en Oaxaca, piden organismos no gubernamentales y de la sociedad civil a través de declaraciones de solidaridad internacional.
La carta, que circula vía Internet, es promovida por 15 organismos, como Espacio Feminista, Constituyente Feminista y la Marcha Mundial de las Mujeres, entre otras. Y quienes deseen adherirse a esos documentos de solidaridad internacional con las mujeres de Castaños y de Oaxaca deberán enviar un correo a: [email protected]
Las organizaciones y mujeres feministas de todo el mundo expresan en el documento de Solidaridad Internacional con las 14 víctimas de la violencia militar en el municipio de Castaños, Coahuila, su «repudio a los brutales hechos de violencia», cometidos por un grupo de soldados del Ejército mexicano el 11 de julio de 2006.
También manifiestan su apoyo al Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Familiar, AC (Coprovvi), por el importante trabajo de defensoría legal y apoyo psicológico a las víctimas que han desarrollado, asociación civil que encabezan las abogadas Sandra de Luna González y Martha Castillón García.
En la carta hacen un exhorto al gobierno de México para que, sin más dilaciones, resuelva el caso conforme a derecho, garantice el pleno acceso de las víctimas a la justicia y aplique todas las medidas necesarias para la reparación del daño.
Durante el ataque en Castaños, 14 sexoservidoras y bailarinas que trabajan en la zona de tolerancia fueron abusadas sexualmente por militares del 14 regimiento motorizado y de caballería del Ejército mexicano, quienes iban con sus uniformes y portaban armas.Las víctimas identificaron a 12 soldados quienes fueron acusados de violación múltiple, golpes, intimidación y amenazas.
Por primera vez en la historia, ocho soldados fueron entregados para que fueran juzgados por la vía del fuero común, los cuales se encuentran detenidos en el penal de Monclova y en proceso; tres se encuentran prófugos y a un cuarto se le dictó auto de libertad.
Por su parte, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) iniciara desde el 2 de agosto de 2006 una investigación sobre el caso, hasta ahora no ha emitido recomendación alguna.
Luego de ocurridos estos hechos, las mujeres agredidas han enfrentado presión social, miedo, crisis nerviosas, persecución y amenazas, así como afectaciones físicas como lesiones, infecciones, un aborto producto de la agresión sexual y el nacimiento de una niña en febrero pasado.
La carta de solidaridad internacional se promueve en la última etapa del juicio del fuero común que se realiza en el Juzgado Segundo de lo Penal, y cuya sentencia condenatoria se daría a conocer en agosto próximo, «lo que sería un hecho histórico sin precedentes en México, de castigarse por vez primera a elementos del Ejército mexicano en un juicio por el fuero común».
«Lamentablemente, sabemos que estos no fueron hechos aislados sino que se suman muchos otros casos de violencia sexual, física y psicológica perpetrados por miembros del Ejército Mexicano contra mujeres y niñas, que, en la mayoría de los casos, han quedado impunes», apunta el documento.
APOYO A LAS MUJERES DE LA APPO
En un documento semejante, las organizaciones de la sociedad civil piden también solidaridad internacional con las mujeres de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en la que expresan su indignación por la violación generalizada de los derechos humanos de luchadoras sociales en el estado mexicano de Oaxaca.
En el documento los organismos cuestionan la actitud del gobierno que no resuelve la desigualdad, la exclusión y la pobreza que afecta a la mayoría de los hombres y mujeres y que constituyen las principales causas del estallido social vigente.
En cambio continúa la represión a las manifestaciones sociales, haciendo detenciones ilegales, amenazando a defensoras y defensores de derechos humanos y niegan u obstaculizan cualquier posibilidad de diálogo y distensión.
La última ?citan- el 16 de julio del 2007, cuando elementos de la policía local, de la Policía Federal Preventiva y el Ejército, enfrentaron con bombas de gas lacrimógeno y piedras a manifestantes de la APPO e integrantes de la Sección 22 del SNTE.
Producto de este enfrentamiento 38 personas fueron detenidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, de las cuales 10 son mujeres.
Las mujeres han sido una de las principales protagonistas de la lucha de los pueblos de Oaxaca, en defensa de las legítimas demandas que encabeza el movimiento y luchando en contra de medidas represivas y autoritarias de los gobiernos federal y local.
Estas organizaciones exhortan a generar las condiciones y mecanismos efectivos de diálogo que permitan resolver las causas que dieron origen al conflicto social en el estado y eviten todo acto de represión policíaca y hostigamiento contra el movimiento social y popular de Oaxaca.
Demandan también que se respeten los acuerdos internacionales suscritos en materia de derechos de las mujeres y de defensores y defensoras de derechos humanos y cumplan con la recomendación No. 15 de Comité de Derechos Económicos Social y Cultural de la ONU hecha al gobierno mexicano y la liberación de las mujeres detenidas durante los diferentes enfrentamientos.
07/SJE/GG
